En distintas regiones del país se viene registrando bloqueos y acciones de sabotaje contra distintas operaciones minero energéticas, sin que hasta el momento los organismos públicos responsables tomen las medidas necesarias, denunció el director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Pablo de la Flor.
Bloqueos y sabotajes
En ese sentido, dijo que el oleoducto Norperuano sigue paralizado desde hace más de 89 días debido a que el ducto fue perforado por saboteadores de la propia comunidad, la que impide hasta ahora el ingreso de los técnicos de PetroPerú encargados de los trabajos de reparación.
De la Flor señaló que la inoperatividad del oleoducto por el sabotaje significa un duro golpe para el país y la industria hidrocarburífera porque ha traído consigo la paralización total del Lote 192, el cual representa el 30 por ciento de la producción nacional de petróleo.
El representante de la SNMPE manifestó que estos hechos que atentan contra la inversión privada dañan la imagen del Perú como país destino de nuevas inversiones.
Asimismo, alertó que la empresa minera Las Bambas que opera en la región Apurímac está siendo objeto de una serie de medidas de hostigamiento y chantaje por parte de grupos violentistas que de manera sistemática vienen bloqueando las vías de comunicación hacia la mina desde hace varias semanas.
“A las Bambas -que es una de las principales productoras de cobre en el país- le que quieren imponer el pago de “cupos” por el uso de una vía nacional por donde transitan los camiones que transportan la producción de la mina hacia la costa”, expresó.
En ese contexto, lamentó que el proceso de diálogo convocado por el gobierno y en el que participaba la empresa, se haya frustrado por la intransigencia de los llamados “asesores” de los comuneros que insisten en las medidas de fuerza.
El Perú cuenta con importantes recursos mineros que pueden ser transformados en prosperidad y bienestar para todos los peruanos, señaló de la Flor, al enfatizar que para hacer realidad la inversión de casi 60,000 millones de dólares que tenemos en proyectos mineros ya identificados, se debe contar con un entorno facilitador que garantice el Estado de Derecho y el respeto a la ley.
