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por Fiorella Hokama
·SNMPE dio a conocer el grave impacto económico, social y ambiental tras decisión del Gobierno de suspender toda actividad minera en La Libertad.
La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) expresó su rechazo a la decisión del Gobierno de suspender todas las actividades mineras, incluyendo las formales, en los distritos de Pataz, Parcoy y Tayabamba, ubicados en la provincia de Pataz, región La Libertad.
“Expresamos nuestra preocupación sobre la decisión de la administración gubernamental de ordenar la paralización de todas las actividades mineras en los distritos de Pataz, Parcoy y Tayabamba, incluyendo en dicha medida a las empresas mineras formales que sí cumplen con todo el marco legal vigente y que sufren los embates del avance descontrolado de la minería ilegal en el territorio nacional”, expresó.
Si bien respaldó el restablecimiento del principio de autoridad frente al avance de la minería ilegal, el gremio advirtió que esta medida resulta desproporcionada y dañina para el país.
La SNMPE advirtió que la suspensión por 30 días podría provocar un grave impacto económico y social en La Libertad y a nivel nacional. Se estima que esta medida pone en riesgo más de 4,000 empleos directos e indirectos, además de interrumpir la cadena de pagos que sostiene a contratistas, negocios locales y comunidades.
A nivel económico, se calcula que la región perdería alrededor de S/ 25 millones mensuales por concepto de canon y regalías, mientras que las exportaciones peruanas dejarían de percibir más de $ 80 millones al mes debido al cese de la producción formal de oro, actividad en la que La Libertad representa el 33 % a nivel nacional.
En la parte operativa, el gremio alertó sobre los riesgos que implica detener de forma abrupta una unidad minera, incluyendo posibles colapsos en presas de relaves, inundaciones y acumulación de gases por falta de monitoreo.
Asimismo, la SNMPE criticó al Ministerio de Energía y Minas por su “pasividad” frente al avance de la minería ilegal y por haber convertido el proceso de formalización en un “incentivo perverso”.
También cuestionó al Congreso por prolongar el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), lo que —afirmó— ha permitido encubrir actividades ilegales bajo apariencia de legalidad.
Finalmente, el gremio sostuvo que esta decisión del Ejecutivo genera un clima de incertidumbre jurídica y envía un mal mensaje a la inversión privada.
Esta medida "perturba la estabilidad jurídica al afectar derechos constitucionales y no da garantías para el ingreso de nuevos capitales de inversión”, concluyó.
La competitividad minera de Perú se reduce
A pesar del gran potencial minero de Perú, la confianza de los empresarios en invertir y llevar a cabo proyectos mineros en el país ha disminuido. Esta situación puede complicar el crecimiento de la economía y posterior combate a la pobreza, considerando que la minería es catalogada como una de las actividades económicas más importantes.
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Fiorella Hokama Periodista de Economía
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