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por Sergio Espinoza
·Lejos de promover la lucha contra la minería informal, el Ejecutivo está facilitando el actuar de los mineros informales, denunció el gerente de Asuntos Corporativos de la Minera Poderosa.
El gerente de Asuntos Corporativos de Minera Poderosa, Pablo de la Flor, alertó que los informales podrían tomar las galerías mineras de las empresas formales durante la suspensión de toda la actividad minera en la provincia de Pataz, región La Libertad.
En Ampliación de Noticias, el directivo rechazó la medida que adoptó el Gobierno de Dina Boluarte tras el asesinato de 13 trabajadores mineros en la provincia de Pataz, al señalar que, lejos de promover la lucha contra la minería ilegal, se está facilitando el actuar de estos criminales.
Acotó que el movimiento de personal y de los equipos en las galerías mineras, excavaciones subterráneas por las cuales se accede a los yacimientos de minerales, evitan que los mineros ilegales tomen el control.
“Esta es una medida no solamente inconveniente, sino contraproducente, porque literalmente va a posibilitar que los mineros ilegales, que evidentemente al operar fuera del ámbito de la ley van a hacer escaso caso, terminen literalmente tomando las galerías de las empresas formales”, declaró.
De la Flor también critica cambio de discurso en el Ejecutivo
Asimismo, De la Flor cuestionó que inicialmente el ministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero Cornejo, dijera que la suspensión no afectaba a las empresas formales, pero que luego anunciara que la paralización de operaciones abarcaba a toda la actividad minera.
“Lo que tenemos es el anuncio de ayer que es una rectificación completa de lo que ya previamente había anunciado el ministro del sector. Es algo que no se termina de entender. Y ese es el desconcierto que este tipo de anuncios generan”, aseveró.
En ese sentido, informó que este jueves se reunirán con el ministro de Defensa, Walter Astudillo, para aclarar y entender el argumento de la disposición del Gobierno, que aún no se ha oficializado en el boletín de normas legales del diario El Peruano.
“Yo imagino que debe haber alguna racionalidad que se nos escapa, pero queremos entender cuáles son las razones que pueden haber llegado al gobierno a tomar una decisión tan controversial y extrema y contraproducente como esta”, precisó.
Finalmente, alertó que la paralización de operaciones por 30 días afectará a la empresa con pérdidas económicas de más de 80 millones de dólares, así como a los cientos de colaboradores y a los proveedores de la minera.
“Esto va a tener efectos en el fisco, porque recordemos que la recaudación en este momento es fundamental […]. Entonces, en momentos en los que Perú necesita movilizar al máximo su economía, pues medidas como esta no solamente generan incertidumbres, sino que constituyen un disparo al pie de la economía nacional”, juzgó.
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Sergio Espinoza Periodista
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