Ositrán, Sunass, Osiptel y Osinergmin aseguran que selección de sus líderes es por concurso público y reafirman su compromiso con el servicio público y el cumplimiento de la normativa vigente.
Los entes reguladores, el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán), la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass), el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) y el Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), se pronunciaron a través de un comunicado conjunto sobre las recientes declaraciones de al ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Hania Pérez de Cuéllar, quien insinuó posibles influencias políticas en el proceso de elección del presidente de la Sunass.
En dicho comunicado, se destacan tres puntos importantes. Inicialmente, se enfatiza que los procesos de selección de los presidentes ejecutivos y miembros de los consejos directivos de los organismos reguladores en el Perú son altamente rigurosos y transparentes. Se hace referencia al reconocimiento de esta práctica por parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en su documento sobre Política Regulatoria en el Perú.
El comunicado detalla el procedimiento establecido por la Ley Marco de Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, donde se estipula que los presidentes ejecutivos de estos entes son elegidos mediante concurso público cada cinco años. Este proceso, regulado por el Decreto Supremo 097-2021-PCM y sus modificaciones, incluye diversas etapas de evaluación técnica y eliminatorias, garantizando la idoneidad de los candidatos.
Asimismo, se subraya que la elección de los presidentes ejecutivos se lleva a cabo conforme a la normativa establecida, desestimando cualquier insinuación de intervención política o intereses subalternos en este proceso.
Finalmente, los entes reguladores hacen un llamado al respeto por la autonomía e independencia de dichas instituciones, así como a promover el debate técnico, público y transparente sobre las normativas que afectan directamente a la población.
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