Seis de cada 10 conflictos socioambientales en el Perú son mineros, según el 24° Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú (OCM) - Reporte del primer semestre 2019.
Conflictos activos
El documento elaborado por CooperAcción, Fedepaz y Grufides, señala que en los primeros seis meses del año se observa una tendencia de incremento de los conflictos sociales que se registran a nivel nacional.
Según el Observatorio semestral de Conflictos Mineros en el Perú, la predominancia de los conflictos socio-ambientales se mantiene y en este campo siguen destacando nítidamente los casos vinculados a la minería. El 63% de conflictos son mineros; el 15.1% hidrocarburos; el 5.9% de energía; 5.9% otros; 5.9% residuos y saneamiento; 2.5% agroindustrial-, y un 1.7% forestal.
A mayo de este año se registraron 176 conflictos activos, y permanecen activos 129. Las regiones que concentran el mayor número de conflictos sociales son Ancash, Cusco, Puno y Loreto. La zona norte acumula el 32% de los conflictos, seguida por la zona sur 31% y la zona Centro 19%.
"Después de un buen tiempo, la macro región norte desplaza a la zona sur en la acumulación de conflictos sociales", sostiene el documento.
En el norte destaca el alto número de conflictos sociales en Ancash y la reactivación de conflictos en otras regiones como Cajamarca y Loreto, por temas de pasivos ambientales mineros y otros impactos ambientales, así por
reiterados incumplimientos de acuerdos entre las empresas (mineras y de hidrocarburos).
En la zona sur, es notoria la disminución del número de conflictos en la región Apurímac (pese al conflicto que estalló en los últimos meses en la zona de influencia de Las Bambas) y la reactivación de conflictos en regiones como Puno y Cusco.
Ancash. La gran mayoría están relacionados a temas socio-ambientales y el 67% involucran a empresas mineras. Seis están vinculados a la gran minería, a las zonas de influencia de Antamina (cuatro casos) y Barrick Misquichilca (dos casos).
Lambayeque. Los conflictos sociales en esa región están asociados a mafias de traficantes de tierras que buscan controlar importantes reservas ecológicas, como fue el caso de la reserva ecológica del Chaparrí, en el distrito de Chongoyape, en Chiclayo.
Piura. En la provincia de Sechura se pretende reactivar dos proyectos mineros, que en su momento generaron un fuerte movimiento de resistencia: Río Blanco, en las provincias de Ayabaca y Huancabamba y el de Tambogrande, hoy nominado como el proyecto El Algarrobo.
La Libertad. Por problemas laborales y socioambientales. Por ejemplo, el enfrentamiento entre los trabajadores de la Minera Quiruvilca, que demandan el pago de remuneraciones de diciembre del 2017 y otros beneficios de pactos colectivos y que no han sido cumplidos.
Cajamarca. Los conflictos por expansión y los nuevos emprendimientos en la actividad minera, y los casos de incumplimientos de acuerdos por parte de las empresas. Conga de Yanacocha, La Lorena, Michiquillay, entr otros.
Amazonas. El avance de la minería ilegal que se implanta sobre todo en la cuenca del Cenepa: por un lado, en la Cordillera del Cóndor, en la zona denominada El Tambo, ubicada en la concesión minera Comaina.
