El bien común es dialógico

Es cierto que la “licencia social” no es un documento, pero en nuestro país, debido a amargas experiencias debiera ser un punto importante en las negociaciones de los proyectos mineros. No se puede suponer un “apoyo silencioso” cuando existe una oposición evidente.

La semana pasada, el Ejecutivo dio luz verde para el inicio del proyecto Tía María. En respuesta, las autoridades municipales y el gobernador regional de Arequipa convocaron a un paro indefinido. Más allá de que en nuestro país las experiencias con los proyectos mineros han sido social y mayoritariamente negativas, la cuestión crítica que nos convoca es si el proyecto es de urgencia económica porque va a solucionar en alguna medida la pobreza del país o algún otro problema de la nación o es que se trata solo de cifras macroeconómicas que tienden a invisibilizar necesidades y peticiones locales.

Raúl Jacob Ruisánchez, vicepresidente de Finanzas de Southern Perú, sostiene que el proyecto Tía María posee características que lo convierten en un beneficio para la población directamente involucrada en Islay y el Valle del Tambo. Por lo que, a pesar de que no existe un documento llamado “licencia social”, la construcción del proyecto no iniciará a menos que la población muestre su apoyo. Para ello, refiere que lo que falta es responder las dudas y preocupaciones de los ciudadanos. En ese sentido, el ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, realizó un llamado al diálogo con los pobladores y autoridades que representan los intereses locales y regionales. En otras palabras, el proyecto cuenta ya con la buena pro y de lo que se trata es de ganar el consenso social.

Es cierto que la “licencia social” no es un documento, pero en nuestro país, debido a amargas experiencias del pasado cercano, debiera ser un punto importante en las negociaciones de estos proyectos | Fuente: Andina / Archivo

Aceptar que un proyecto tiene carácter de urgencia, como parece ser el caso, requiere de criterios no solo macroeconómicos, sino también locales y regionales. No hay duda de que la minería es una cartera de inversión que alienta el crecimiento económico, pero sí es dudoso que exista una relación directa entre inversión minera y reducción de la pobreza. En otras palabras, es legítima la duda que los agricultores y población en general tienen respecto del proyecto. También es cierto que la intención de no iniciar el proyecto hasta contar con el apoyo social es muestra de cierta apertura, empero también es cierto que iniciar un diálogo que busca acciones encaminadas a un fin ya establecido no es un diálogo del todo justo. En otras palabras, para dialogar en los términos que el Ministro de Energía y Minas propone, no hacía falta esperar que el mencionado proyecto sea aprobado en el Ejecutivo.

No se puede criticar la viabilidad del proyecto. Esto es materia de expertos en áreas tecnológicas muy especializadas (que esperamos hayan sido convocados para el estudio de impacto ambiental, cuya fecha de validez concluía el 1 de agosto); lo que sí se critica es que incluso el desarrollo económico que se vende como “bien común” sea una imposición social legitimada por el gobierno central, pero desconocida por las autoridades locales y regionales. Si esto no ha sido así, entonces no queda claro por qué se afirma que se han reconocido las preocupaciones de las personas que se oponen al proyecto minero.

Es cierto que la “licencia social” no es un documento, pero en nuestro país, debido a amargas experiencias del pasado cercano, debiera ser un punto importante en las negociaciones de estos proyectos. No se puede suponer un “apoyo silencioso” cuando existe una oposición evidente. Nos queda esperar cómo evoluciona este conflicto para juzgar los procesos que busquen solucionarlo.

 

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