Los representantes de los trabajadores del sector textil exigieron que se derogue el régimen laboral especial del Decreto Ley 22342, al considerar que esta normativa no les brinda ningún tipo de beneficio y los perjudica.

Gerardo Olórtegui, secretario de defensa de la Federación Nacional de Trabajadores Textiles del Perú (FNTTP), dijo que no plantean la estabilidad laboral absoluta.

Lo que nosotros planteamos es que este régimen especial sea suprimido y pasarnos a un régimen común, que es el 728, donde existen más de 12 modalidades de contratos temporales”, declaró en RPP Noticias.

A su turno, Vicente Castro, secretario general nacional de la Federación de Trabajadores en Tejidos del Perú (FTTP), recordó que esta norma fue dada en 1978 para promocionar el sector textil y solo debía durar 10 años.

El Estado continuó con la ley a pesar que los trabajadores no tuvieron ningún tipo de beneficio, se mantuvieron allí hasta la actualidad con salarios incipientes, maltratos e incumplimiento de los compromisos laborales”, indicó.

Castro señaló que el sector textil peruano cuenta con más de 100 mil trabajadores, pero a pesar de ello no se cumplen los convenios 87 y el 98 de la Organización Mundial del Trabajo (OIT), suscritos por el Perú.

Olórtegui dijo que los trabajadores textiles trabajan en horarios corridos en las fábricas y a algunos, tras 15 años de labores, no les renuevan el contrato y se van sin recibir ninguna compensación.

“En el sector textil confecciones no hay temporalidad, como podría ser en la agro exportación que es por cosechas, en caso de nosotros no, es permanente”, explicó.

Castro señaló que si no se escuchan sus reclamos, el siguiente paso que darán será denunciar al Estado peruano “haciendo valer el capítulo laboral del TLC con Estados Unidos”.

La semana pasada  seis trasnacionales del sector textil -47 Brand, Life is Good, New Balance, Nike, PVH Corp y VF Corporation- pidieron en una carta al presidente Ollanta Humala derogar el régimen laboral especial, al considerar que este alienta y tolera violaciones a los derechos laborales y constituye un obstáculo para la correcta aplicación de sus códigos de conducta.