Usuarios tendrán cinco días para cancelar contratos realizados por teléfono

Nuevos cambios en la ley de Defensa del Consumidor permitirán que si un usuario no está de acuerdo con los términos de un contrato suscrito por teléfono tenga al menos cinco días para cancelar este acuerdo.

Así lo propone el Proyecto de Ley N°1155 que fue aprobado este miércoles por el Pleno del Congreso de la República y que todavía está pendiente de una segunda votación por parte de los congresistas.

Lo que propone

Esta iniciativa, que fue presentada por el congresista de Acción Popular Yonhy Lescano, propone que los usuarios reciban de manera física o digital los detalles y condiciones del contrato que un proveedor (banco, operadora móvil, aseguradora, etc) le ofrece, de manera que pueda estudiar detalladamente el servicio que piensa adquirir.

La propuesta también incluye que en esa comunicación la empresa deberá detallar de cuántos días dispone el usuario para desistir del contrato, plazo que no podrá ser menor de cinco días.

e). Los proveedores deben entregar a los usuarios copia de los contratos y demás documentación relacionada con dichos actos jurídicos y condiciones generales de contratación, cuando éstos hayan sido celebrados por escrito. Los proveedores son responsables de dejar constancia de la entrega de los documentos e información al consumidor. Los proveedores pueden contratar por vía electrónica o telefónica, siendo responsables de acreditar que la información relevante del producto o servicio haya sido puesta oportunamente a disposición del consumidor; y, en un plazo máximo de cinco (5) días calendario posteriores a la celebración del contrato, deben enviar al consumidor por medio escrito o virtual el contenido del contrato, especificando la información relevante, las condiciones contractuales aceptadas y el plazo de desistimiento que otorga al consumidor, que en ningún caso será menor de cinco (5) días calendario contados desde la fecha en que recibió la comunicación".

El origen

De acuerdo con este proyecto, la iniciativa tiene origen en las denuncias presentadas ante el Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) por la falta de claridad de las condiciones de los servicios contratados.