Valdés: El agua es primero para el consumo humano

En su presentación ante los legisladores, el presidente del Consejo de Ministros, Óscar Valdés Dancuart, resumió lo que para el gobierno es "una nueva relación con la minería responsable” y su política de atención a los conflictos sociales que esta inversión genera.

Dijo que por indicación del presidente Ollanta Humala, la Presidencia del Consejo de Ministros implementará una Dirección Nacional de Prevención y Solución de Conflictos Sociales, aunque aclaró que estos no han surgido con el actual gobierno, sino que vienen desde hace años o décadas.

Dijo que si bien las causas de los conflictos son variadas, la mayoría surgen por el agua, la minería y el uso territorial. Al respecto, dijo que el gobierno ha entendido la preocupación de las regiones por asegurar el agua para consumo humano y para el desarrollo de la agricultura y que son estas actividades las que tendrán la prioridad en el uso del recurso.

"La política del gobierno es hacer cumplir las leyes que establecen que la primer prioridad en el uso de agua es para consumo humano, por lo tanto la promoción de proyecto hídricos de naturaleza pública y privada se orientarán hacia la satisfacción plena de las demandas de las poblaciones”, dijo Valdés.

En cuanto a la Ley de Consulta Previa (Ley Nº 29785), Valdés dijo que el plazo para emitir el reglamento vence el 23 de enero, sin embargo anunció que tal vez se pedirá un plazo adicional pues es un tema complejo en el que las comunidades indígenas han pedido más tiempo para dar su opinión.

En cuanto a las nuevas condiciones para el desarrollo de la minería legal, Valdés no solo citó el gravamen adicional aplicado desde el último trimestre del 2011 (y el nuevo esquema de regalías), sino también la obligatoriedad, en los contratos que se firmen en adelante, de que las mineras constituyan fondos de garantía ambiental y fondos para la inclusión social. Los primeros servirán para contrarrestar eventuales daños al ambiente, y los segundos para inversiones en educación, salud, electrificación, saneamiento y otras obras de infraestructura.

Valdés anunció de otra parte  que dentro el plazo de 120 días que le ha dado el legislativo, se dictarán las leyes para combatir frontalmente la minería ilegal, que es una actividad cada vez más atractiva, por el boom de precios; pero que no paga impuestos y contamina el medio ambiente. La evasión solo por concepto de impuesto a la renta de la minería ilegal en el país, dijo Valdés, se estima en US$250 millones.

Finalmente, el jefe de gabinete dijo que se está creando una instancia de coordinación para que el Ministerio de Energía y Minas, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), que depende del Ministerio de Ambiente, y la Autoridad Nacional del Agua (ANA), que depende de Agricultura, para que coordinen sus criterios y trabajo en la evaluación de los Estudios de Impacto Ambiental, administración del agua y fiscalización ambiental.