Candidaturas desembolsaron millones de dólares para ser ratificadas como sedes de la Copa del Mundo de fútbol.
La corte federal de Brooklyn, Nueva York, actualizó la acusación sobre Ricardo Teixeira, exjefe del fútbol brasileño, y el paraguayo Nicolás Leoz, difunto exjefe de la Conmebol, quienes recibieron coimas a cambio de votar por Qatar 2022 en un comité ejecutivo de la FIFA celebrado en diciembre de 2010.
La inculpación también asegura que el trinitario Jack Warner, expresidente de la Confederación de fútbol de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe (Concacaf), recibió sobornos por 5 millones de dólares y que al exjefe del fútbol de Guatemala Rafael Salguero se le prometió un millón a cambio de sus votos en favor de Rusia para el Mundial de 2018.
Estas informaciones ya habían salido a relucir durante el juicio de tres acusados en 2017: el exjefe del fútbol brasileño José María Marín, el exjefe de la Conmebol, el paraguayo Juan Ángel Napout, y el exjefe del fútbol peruano, Manuel Burga.
Durante ese proceso, el exempresario deportivo argentino Alejandro Burzaco, testigo de la fiscalía, contó que Teixeira, Leoz y el exjefe del fútbol argentino Julio Grondona, ya fallecido, votaron por Qatar cambio de sobornos de más de un millón de dólares cada uno.
Más empresarios acusados por la justicia norteamericana
De otro lado, dos exejecutivos de la empresa estadounidense Fox, un ejecutivo español de la compañía Imagina y la empresa deportiva uruguaya Full Play fueron inculpados el lunes de corrupción, fraude bancario y lavado de dinero en una corte de Nueva York, en el marco del megaescándalo de corrupción denominado FIFA Gate.
Los acusados son los dos exejecutivos de Fox Hernán López, de 49 años, y Carlos Martínez, de 51; el empresario español de Imagina Gerard Romy, de 65 años, y la empresa uruguaya de marketing deportivo Full Play, con sede en Buenos Aires y propiedad de los acusados argentinos Hugo y Mariano Jinkis, prófugos de la justicia estadounidense.
Están acusados de pagar millonarios sobornos a exoficiales de la Conmebol, la Concacaf o de federaciones centroamericanas a cambio de lucrativos contratos de transmisión de partidos amistosos, la Copa Libertadores, la Copa América o partidos de calificación para los Mundiales de 2018 y 2022.
El gobierno estadounidense ha acusado a un total de 45 personas y a varias empresas deportivas de más de 90 delitos y de pagar o aceptar más de 200 millones de dólares en sobornos.
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