Aprueban norma sobre permanencia de inmigrantes en Reino Unido

Solo los inmigrantes no comunitarios con un sueldo de al menos 35.000 libras (42.000 euros) anuales podrán acceder a la residencia permanente en el Reino Unido, según una nueva normativa anunciada hoy por el Gobierno británico.

De esta manera, el Ejecutivo de David Cameron quiere reducir de 60.000 a 20.000 el número de inmigrantes y sus familias de fuera de la Unión Europea (UE) que se establecen cada año de forma permanente en este país tras cinco años de haber trabajado en él.

Con los cambios en la legislación, que entrarán en vigor en abril de 2016, los inmigrantes no comunitarios cuyo sueldo sea inferior a esa cantidad tendrán que abandonar el Reino Unido después de cinco años.

"En el futuro, ejerceremos más control para asegurarnos de que solo se quedan los mejores y más inteligentes", dijo hoy la ministra del Interior, Theresa May, en una declaración escrita al Parlamento.

El umbral de 35.000 libras se podrá eludir en el caso de sectores económicos donde haya "escasez de gente cualificada" y tampoco se aplicará a científicos y estudiantes de doctorado, indicó.

También se restringirá la entrada de trabajadores domésticos a aquellos que viajen con sus jefes, como en el caso de diplomáticos o empresarios que estén temporalmente en el Reino Unido, y estos no podrán cambiar de empleo ni solicitar la residencia.

En cuanto a los estudiantes, que conforman un gran porcentaje entre los inmigrantes, solo podrán quedarse aquí tras licenciarse si consiguen un trabajo pagado con un mínimo de 20.000 libras (23.800 euros) anuales.

Esta es la primera vez que el Reino Unido fija un criterio económico para decidir sobre el permiso de residencia, que hasta ahora se concedía si los interesados, a menudo con familia e hijos, demostraban que habían arraigado en el país.

El objetivo del Gobierno de coalición conservador-liberaldemócrata es reducir la inmigración neta anual del nivel actual de unas 250.000 personas a menos de 100.000 para 2015, lo que ha sido cuestionado desde sectores políticos y empresariales por el efecto que puede tener en la economía.

EFE