Marcelo Odebrecht, quien se encuentra preso desde el pasado 19 de junio, es acusado por corrupción, lavado de dinero y asociación para delinquir.
La Justicia brasileña aceptó la denuncia presentada por la Fiscalía contra el presidente de la constructora Odebrecht y otras 12 personas por corrupción, lavado de dinero y asociación para delinquir, en un caso vinculado con un escándalo por supuestos sobornos en la petrolera estatal Petrobras.
La decisión del juez Sergio Moro, de la sala penal federal de Curitiba, capital de Paraná (sur), y responsable de las investigaciones del caso de corrupción en Petrobras, convierte al presidente de Odebrecht, Marcelo Odebrecht, en reo.
La determinación de Moro se extiende a otras 12 personas, entre ellos exejecutivos de la constructora y exdirectores de Petrobras, mayor empresa de Brasil y responsable de una parte significativa del producto interior bruto (PIB) del país.
De acuerdo con la denuncia de la Fiscalía, aceptada por el magistrado, Marcelo Odebrecht, quien se encuentra preso desde el pasado 19 de junio, "estaría envuelto directamente en la práctica de los delitos, orientando la actuación de los demás" reos.
Según el juez, la denuncia de la Fiscalía no solo se sustenta en las delaciones realizadas por delincuentes confesos, sino en los mensajes y anotaciones recopiladas por la Policía en el curso de las investigaciones.
Además de algunos de los exintegrantes de la cúpula de la constructora, Moro aceptó la denuncia contra el exdirector de Abastecimiento de Petrobras Paulo Roberto Costa y el exdirector de Servicios de la estatal Renato de Souza Duque.
También figura en la lista el empresario Alberto Youssef, propietario de la casa de cambio desde la que se repartían supuestos sobornos y que, al igual que Costa, llegó a un acuerdo con la Justicia para colaborar y denunciar a sus cómplices a cambio de futuras rebajas en sus penas.
Odebrecht, que la pasada semana consideró "ilegal" el nuevo pedido de prisión preventiva emitido contra su presidente, todavía no ha emitido ninguna declaración sobre la nueva decisión del juez.
La firma, al igual que otra veintena de compañías del país, es investigada por su supuesta participación en una vasta red de corrupción enquistada en Petrobras, que durante la última década, se apropió ilegalmente de unos 2.000 millones de dólares, según cálculos de la propia empresa.
De acuerdo con la Policía, las empresas obtenían contratos amañados con Petrobras, inflaban los valores y las diferencias eran repartidas entre directores de la estatal y partidos políticos que amparaban las corruptelas.
Por este mismo caso, las autoridades también investigan a medio centenar de políticos, que en su mayoría pertenecen a la coalición que respalda al Gobierno de la presidenta Dilma Rousseff.
El caso Petrobras ganó este martes un nuevo capítulo con la detención del presidente licenciado de Eletronuclear, Othon Luiz Pinheiro da Silva, lo que según la Fiscalía demuestra que la red de corrupción se extendió a otras empresas estatales.
EFE
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