Foto: EFE (referencial)

La justicia chilena reinició hoy el juicio contra ocho personas, entre ellos el exsubsecretario del Interior Patricio Rosende y la exdirectora de la Oficina Nacional de Emergencia Carmen Fernández, por la fallida alerta de tsunami que el 27 de febrero de 2010 causó 156 muertos y 25 desaparecidos.

El VII Juzgado de Garantía de Santiago abrió la audiencia de formalización (imputación) de los implicados, a quienes la fiscal Solange Huerta acusa de no haber alertado a la población sobre el tsunami que se originó tras el terremoto de 8,8 grados ocurrido esa madrugada en el país austral.

Además de Rosende y Fernández, entre los imputados hay también otros antiguos cargos de la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi) y oficiales del Servicio Hidrográfico y Oceonográfico de la Armada (SHOA).

Entre las primeras conclusiones presentadas al tribunal, Huerta destacó la descoordinación que, según su investigación hubo entre la Onemi y el SHOA, que emitió una alerta de tsunami que no llegó a ser comunicada a la población y que poco después retiró.

La fiscal acusa directamente a Rosende de descartar la alerta de maremoto pese a que servicios internacionales, como el Pacific Warning Centre de Estados Unidos alertaron sobre un "tsunami destructivo".

Según la fiscal, a raíz de todas esas descoordinaciones ocurrieron muertes que pudieron haber sido evitadas.

En ese sismo, el sexto de mayor magnitud registrado en la historia mundial, fallecieron en total 524 personas, hubo 800.000 damnificados y daños materiales por 30.000 millones de dólares.

EFE