Detenida fue privada de libertad en condiciones inhumanas durante 17 días y fue absuelta en junio de 1993 tras un proceso penal en la que se le acusaba por delitos de terrorismo.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) responsabilizó al Estado peruano en el caso de una víctima que fue torturada y violada por agentes de las fuerzas de seguridad en 1992.
Tras presentar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), la CIDH recordó que la mujer, de la que tan sólo se reveló la inicial de su nombre, J., fue detenida ilegalmente en 1992, durante la presidencia de Alberto Fujimori, por agentes estatales, que la torturaron, degradaron y violaron sexualmente por supuesta vinculación terrorista.
La detenida fue privada de libertad en condiciones inhumanas y sin control judicial durante 17 días y fue absuelta en junio de 1993 tras un proceso penal en la que se le acusaba de delitos de terrorismo.
La Corte Suprema de Justicia peruana declaró nula la absolución a finales de 1993, poco después de que la víctima, sobre la que pesa una orden de captura internacional, abandonara Perú.
La CIDH considera que el Estado peruano es responsable por la violación de los derechos a la integridad personal, libertad personal, garantías judiciales, legalidad y no retroactividad y protección a la honra de la víctima, entre otros.
Para la Comisión, Perú ha faltado a las obligaciones establecidas en la Convención Interamericana contra la tortura y la violencia contra la mujer.
El asunto será tratado en Costa Rica por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una institución judicial autónoma de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo objetivo es la aplicación e interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
EFE
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