Referencial/RPP

En mayo pasado, Perú registró 212 conflictos sociales, 161 de ellos activos y 51 en estado latente, informó este lunes la Defensoría del Pueblo en un reporte.

La región con mayor cantidad de conflictos es Apurímac (25), seguida por Áncash (23) y Puno (17), mientras que Cajamarca, Cuzco, Junín, Piura y Ayacucho tienen 13 cada una.

Los conflictos socioambientales siguen siendo los más numerosos en el país, con 135 casos, mientras que la actividad minera es la principal fuente de estas situaciones (47%), seguida por la hidrocarburífera (8%).

Durante este periodo se han registrado tres conflictos nuevos: uno por asuntos de gobierno local en Puno, uno laboral en todo el país y otro relacionado a una universidad en Ayacucho.

El conflicto nacional se refiere a la huelga de los médicos públicos del Ministerio de Salud y Seguro Social (Essalud) que exigen al Ejecutivo el "cumplimiento de acuerdos de sus escalas remunerativas y mejora en sus condiciones laborales, entre otras demandas".

"Preocupa a la Defensoría del Pueblo la huelga nacional -iniciada el 13 de mayo- por el gremio médico del Ministerio de Salud. Esta paralización de labores pone en riesgo la vigencia de los exámenes pre-quirúrgicos realizados por los pacientes", señaló el documento.

"También afecta a la población más vulnerable -niñas, niños, mujeres gestantes y adultos mayores- y de escasos recursos económicos que no cuentan con otras alternativas para cubrir los costos de los servicios médicos que requieren", agregó.

Por otro lado, la Defensoría del Pueblo exhortó a la Presidencia del Consejo de Ministros a atender la contaminación ambiental de la cuenca del Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón, en la región Loreto, donde habitan pueblos indígenas.

"Es importante recordar que diversos monitoreos ambientales comprobaron la existencia de contaminación ambiental en los suelos y recursos hídricos en zonas habitadas por pueblos indígenas Achuar, Quechuas, Kichwas y Kukamas, lo cual ha evidenciado la necesidad de remediar ambientalmente las zonas impactadas, proveer de los servicios públicos de agua y saneamiento, así como atender pedidos de titulación de tierras, demandas justas y de atención impostergable", se indicó.

EFE