por Redacción RPP
·Héctor Vargas, dirigente de transporte urbano, denunció que el nuevo decreto contra la extorsión carece de presupuesto y tecnología. El gremialista criticó la ambigüedad administrativa y la posible criminalización de las protestas en la norma publicada.
El Poder Ejecutivo publicó anoche un decreto supremo (N° 009-2026-PCM) que establece disposiciones complementarias para la implementación de la Ley N° 32490 contra la extorsión y el sicariato. Sin embargo, la norma ha generado rechazo en el sector transporte debido a lo que consideran una falta de seriedad en su redacción y operatividad.
"Pareciera que los señores del Gobierno nos están viendo la cara de tontos, porque esto que ha salido la verdad ni siquiera unos chicos de primaria lo podrían haber redactado de la manera como está", afirmó Héctor Vargas, presidente de la Coordinadora de Transporte Urbano de Lima y Callao, en entrevista en Las cosas como son, de RPP TV.
El dirigente, que representa a 70 empresas y aproximadamente 7000 unidades, manifestó su profunda insatisfacción con el marco normativo que debía responder a la crisis de inseguridad que afecta a miles de transportistas en la capital.
Uno de los puntos más críticos señalados por Vargas es la ausencia de financiamiento directo para las acciones de seguridad.
Según el texto oficial, "la implementación [...] se financia con cargo al presupuesto institucional de las entidades públicas involucradas sin demandar recursos adicionales al tesoro público".
Para el dirigente, esta disposición coloca a la lucha contra el crimen en un "punto muerto", ya que sin recursos adicionales la Policía Nacional no podrá adquirir la tecnología necesaria para enfrentar a las bandas criminales.
Vargas explicó que el gremio había solicitado una unidad de élite con presupuesto propio para obtener equipos avanzados, como sistemas capaces de rastrear GPS de delincuentes de forma inmediata, herramientas que hoy resultan inaccesibles para las instituciones que reclaman mayores fondos.
Contradicciones en el liderazgo administrativo
La estructura jerárquica de la nueva norma también ha sido objeto de cuestionamientos por parte de la Coordinadora de Transporte Urbano.
Aunque informes técnicos previos sugerían que el Ministerio del Interior debía liderar el proceso de combate a la extorsión, el nuevo decreto introduce una coordinación que involucra a la Secretaría Técnica de la Comisión Especial de Implementación del Código Procesal Penal, vinculada al Ministerio de Justicia.
"Los están engañando, pues los están llevando a una situación (de decir) 'oiga, ya salió el documento y se va a combatir la extorsión'", advirtió Vargas, al señalar que este cambio en las competencias genera confusión sobre quién encabeza realmente la estrategia operativa.
El dirigente sostuvo que la norma parece haber sido redactada apresuradamente solo por el "impulso del paro" y los reclamos del sector, sin un trabajo concienzudo previo por parte del Ejecutivo.
El riesgo de criminalizar la protesta
Finalmente, Vargas alertó sobre el contenido del artículo 10 del decreto, el cual otorga facultades extraordinarias a la Policía para el control de paros y marchas bajo el pretexto de combatir el sicariato.
"Le da facultades a la Policía para que, dentro de un marco extraordinario, pueda llevar acciones de control cuando se hacen paros y marchas", señaló el representante gremial, cuestionando la relación entre los delitos de extorsión y el ejercicio del derecho a la protesta.
Ante lo que calificó como un "abuso de la confianza", Vargas hizo un llamado a la ciudadanía para reflexionar sobre su voto en los próximos comicios.
"No debemos de votar ni elegir a estos señores que nos han llevado al despeñadero", sentenció el dirigente, quien anunció que buscará reuniones con candidatos presidenciales para exigir compromisos reales que protejan la vida de los trabajadores del sector.
Ley 32490 creará grupo de elite para combatir extorsiones y sicariato a transportistas
El Gobierno ha fijado este sábado 17 de enero como fecha límite para publicar el reglamento de la Ley 32490. Aunque la norma fue promulgada en noviembre, la falta de una reglamentación ha impedido, hasta ahora, ejecutar las medidas previstas en la ley contra la extorsión y el sicariato, delitos que golpean severamente al gremio del transporte de pasajeros. ¿Cuáles son los alcances de esta ley contra le extorsión y el sicariato?
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