El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Francisco Távara, informó la exclusión de 345 candidatos en el proceso electoral regional y municipal del próximo 5 de octubre, por tener condenas vigentes por diversos delitos.
"Ellos están siendo excluidos, algunos ya están excluidos, y otros deberán estarlo antes de las elecciones. El tema es con los candidatos que han sido objeto de una sentencia condenatoria vigente, llámese corrupción, malversación, cohecho, tráfico de drogas", manifestó este lunes en conferencia de prensa.
Apuntó que si bien hay "una abanico amplio" de candidatos con sentencias condenatorias, ya están "rehabilitados", es decir, han cumplido con su pena. "Eso significa que queda expedito para reinsertarse en la sociedad", explicó.
Aseveró que si bien los candidatos "rehabilitados" no tienen impedimento para que puedan postular, "es decisión de las organizaciones políticas retirarlos, como en efecto están haciendo".
"Reitero el reconcomiendo a los partidos políticos de retirar a esos candidatos con sentencias y exhorto a los otros partidos a que hagan lo mismo", señaló.
En esa línea, Távara aclaró que el JNE, como máxima autoridad electoral, procede con la "exclusión" de los candidatos con condenas vigentes. Sin embargo, dijo que es atribución del partido político el "retiro" de sus listas de esos personajes.
JNE PLANTEA "MEJORAS SUSTANTIVAS" A LEGISLACIÓN ELECTORAL
El jefe del JNE se reunió este lunes con la titular del Congreso, Ana María Solórzano, y voceros de las bancadas para analizar mecanismos que fortalezcan la legislación electoral y eviten la filtración de candidatos vinculados a diversos ilícitos.
Al respecto, informó que su entidad ha planteado "mejoras sustantivas". Dijo que propone la necesidad de que se incorpore en las hojas de vida de los candidatos municipales y regionales, la información sobre los procesos penales que tengan en curso.
De igual forma, la autoridad planteó que se debe insertar de forma "obligatoria" la declaración jurada patrimonial del candidato, para que exista una supervisión permanente de la Contraloría General de la República y del Ministerio Público.
