Rutas de Lima y LAMSAC manifiestan disposición a participar en evaluación de peajes

Tras el anuncio del alcalde Lima, Jorge Muñoz, de buscar una renegociación de los contratos de peajes realizados en gestiones anteriores, la concesionaria Rutas de Lima y la empresa LAMSAC manifestaron su disposición a participar en este proceso de evaluación.

Rutas de Lima, concesionario del proyecto Vías Nuevas de Lima, informó que "tiene toda la disposición de participar en las reuniones que sean necesarias en el proceso de evaluación conjunta exhortado hoy por el Consejo Metropolitano de Lima", considerando además la participación de la Contraloría de la República y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Asimismo, señaló que mantiene su compromiso de terminar el proyecto e "invertir más de 1,000 millones de soles adicionales a los más de 2,000 millones de soles ya invertidos" en esta obra.

Por su parte, LAMSAC, empresa a cargo de la concesión de la obra Línea Amarilla, se mostró dispuesta a "dialogar con las autoridades competentes y buscar alternativas que generen valor para la ciudad de Lima".

Además, señalaron que respetarán la institucionalidad y la normatividad vigente, así como "los términos de nuestro contrato de concesión, los cuales seguiremos cumpliendo".

Los peajes en Lima

La polémica por los peajes se originó tras conocerse que las empresas brasileras que tienen concesiones con peajes en Lima se encuentran involucradas en casos de corrupción de funcionarios con la finalidad de poder ejecutar sus obras.

En el año 2009, en la gestión de Luis Castañeda, se firmó el contrato con la constructora OAS para la concesión de la Línea Amarilla por 30 años. En la gestión de Susana Villarán la Municipalidad de Lima suscribió una adenda y amplió este periodo por 10 años más.

En el 2012 la gestión Villarán firmó un contrato con el consorcio Rutas de Lima, integrado por Odebrecht, para el proyecto Vías Nuevas de Lima, que incluía un peaje en Chillón, en el distrito de Puente Piedra, aunque fue anulado por las protestas de la población.

Hace algunas semanas, luego de varios años de ser investigada, la exalcaldesa Susana Villarán confesó que las empresas Odebrecht y OASfinanciaron financieron la campaña para evitar su revocatoria. Según su versión, recibió 3 millones de dólares, aunque la Fiscalía sostiene que en realidad fueron 10 millones.