Un tribunal mexicano dictó auto de formal prisión, medida que implica el inicio de un proceso penal, contra siete militares implicados en la muerte de 22 civiles en junio pasado, informó este viernes el Poder Judicial.
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF), que administra el Poder Judicial, indicó en un comunicado que el Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal dictó el auto de formal prisión contra los militares, acusados de participar en la muerte de 22 civiles el pasado 30 de junio tras un enfrentamiento en una bodega de Tlatlaya, en el central estado de México.
El Juzgado Primero inició de esta forma el proceso penal contra Fernando Quintero Millán, Roberto Acevedo López y Leobardo Hernández Leónides por su posible responsabilidad en la comisión del delito de abuso de Autoridad, homicidio calificado y de alteración ilícita del lugar donde ocurrieron los hechos.
Ellos tres, junto a Alan Fuentes Guadarrama, Julio César Guerrero Cruz, Samuel Torres López y Ezequiel Rodríguez Martínez, también son sospechosos de ejercicio indebido de servicio público.
Rodríguez Martínez además es acusado de encubrimiento.
Los hechos ocurrieron el pasado 30 de junio en la comunidad San Pedro Limón, del municipio de Tlatlaya.
Según la versión oficial presentada inicialmente sobre el caso, el 30 de junio pasado una patrulla militar se enfrentó en Tlatlaya a un grupo de la delincuencia organizada y 22 civiles resultaron muertos en el tiroteo.
Sin embargo, dicha versión quedó en entredicho tras el testimonio de una testigo, quien afirmó que solo uno de los presuntos delincuentes falleció en el tiroteo y que los demás fueron asesinados por los militares tras rendirse.
De acuerdo con la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía), en el tiroteo murieron 14 personas y las 8 restantes, algunas de las cuales estaban heridas, fueron asesinadas por soldados.
A su vez, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) determinó que 12 de los presuntos delincuentes que se habían rendido y otros 3 que estaban heridos fueron asesinados por los miembros del Ejército.
Ante estos hechos, la CNDH recomendó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que girara instrucciones para reparar el daño ocasionado a los familiares de quienes murieron en Tlatlaya y reforzar la capacitación que reciben los miembros de la institución en materia de derechos humanos, entre otros puntos.
La Sedena, de la que depende el Ejército, informó el jueves que aceptó la recomendación de la CNDH sobre el caso, aun sin estar de acuerdo con algunos puntos, "por el especial interés de coadyuvar a esclarecer los hechos".
Asimismo, insistió en que los sucesos de Tlatlaya derivaron "de una agresión contra personal militar por parte de presuntos delincuentes que finalmente perdieron la vida".
EFE
