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por Redacción RPP
·Según el abogado Carlos Rivera, de los 80 militares procesados por violación de los derechos humanos en los años de terrorismo, solo 15 fueron sentenciados.
Varias organizaciones de defensa de los derechos humanos de Perú aclararon hoy que no existe una "caza de brujas" contra los militares que lucharon contra el terrorismo, y que más bien éstos son favorecidos por la justicia peruana.
En una rueda de prensa conjunta del Instituto de Defensa Legal (IDL), la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), se presentaron datos sobre la actuación judicial contra los militares procesados por violación de los derechos humanos.
"No existe una cacería de brujas y si pensamos en el conjunto de miles de efectivos implicados en la lucha contra el terrorismo, nos daremos cuenta de que, en general, el número de investigados es residual, ínfimo", señaló Ronald Gamarra, secretario ejecutivo de la CNDDHH.
Por su parte, el abogado Carlos Rivera detalló que de 80 militares procesados por violación de los derechos humanos durante la época del terrorismo, sólo 15 fueron condenados.
Esto se debe, según Rivera, a que los jueces exigen la presentación de las órdenes por escrito supuestamente recibidas por estos efectivos militares y policiales, cuando estas órdenes nunca se escribían sino que se realizaban de forma oral.
El ministro peruano de Defensa, Rafael Rey, ha repetido en numerosas ocasiones que existe un maltrato y persecución contra los militares peruanos que lucharon contra el terrorismo en los años 80 y 90.
El pasado marzo, por ejemplo, y durante una visita a España, Rey opinó que la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR), que investigó los 20 años de la época del terrorismo en Perú, cometió "graves errores" al señalar que "el 32 por ciento de las víctimas fatales, unas 22.000 personas, son responsabilidad de las fuerzas del orden".
En esa ocasión, Rey también pidió mayor protección legal para los militares peruanos.
El objetivo del ministro de Defensa al hacer estas declaraciones es, según Miguel Jugo, director de Aprodeh, desinformar a la población, así como influir sobre los jueces para "garantizar la impunidad".
La guerra desatada por la banda armada Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA) contra el Estado peruano, entre 1980 y 2000, dejó más de 69.000 víctimas, la mayoría en la sierra andina, donde la población civil quedó atrapada en el fuego cruzado entre terroristas, militares y policías.
EFE
En una rueda de prensa conjunta del Instituto de Defensa Legal (IDL), la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), se presentaron datos sobre la actuación judicial contra los militares procesados por violación de los derechos humanos.
"No existe una cacería de brujas y si pensamos en el conjunto de miles de efectivos implicados en la lucha contra el terrorismo, nos daremos cuenta de que, en general, el número de investigados es residual, ínfimo", señaló Ronald Gamarra, secretario ejecutivo de la CNDDHH.
Por su parte, el abogado Carlos Rivera detalló que de 80 militares procesados por violación de los derechos humanos durante la época del terrorismo, sólo 15 fueron condenados.
Esto se debe, según Rivera, a que los jueces exigen la presentación de las órdenes por escrito supuestamente recibidas por estos efectivos militares y policiales, cuando estas órdenes nunca se escribían sino que se realizaban de forma oral.
El ministro peruano de Defensa, Rafael Rey, ha repetido en numerosas ocasiones que existe un maltrato y persecución contra los militares peruanos que lucharon contra el terrorismo en los años 80 y 90.
El pasado marzo, por ejemplo, y durante una visita a España, Rey opinó que la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR), que investigó los 20 años de la época del terrorismo en Perú, cometió "graves errores" al señalar que "el 32 por ciento de las víctimas fatales, unas 22.000 personas, son responsabilidad de las fuerzas del orden".
En esa ocasión, Rey también pidió mayor protección legal para los militares peruanos.
El objetivo del ministro de Defensa al hacer estas declaraciones es, según Miguel Jugo, director de Aprodeh, desinformar a la población, así como influir sobre los jueces para "garantizar la impunidad".
La guerra desatada por la banda armada Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA) contra el Estado peruano, entre 1980 y 2000, dejó más de 69.000 víctimas, la mayoría en la sierra andina, donde la población civil quedó atrapada en el fuego cruzado entre terroristas, militares y policías.
EFE
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