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PNP sancionará drásticamente a efectivos que torturaron adolescentes

Foto: Andina
Foto: Andina

Los efectivos serán sometidos a la ley de régimen disciplinario. La PNP informó que la denuncia fiscal comprende a cinco suboficiales de la comisaría Apolo, en La Victoria.

La Policía Nacional informó que la Inspectoría General investiga administrativamente a los presuntos responsables de la tortura efectuada en la comisaría Apolo, en el distrito de La Victoria, contra dos adolescentes el pasado 15 de mayo.

A través de un comunicado, la institución policial detalló que se está a la espera de la resolución fiscal a fin de sancionar drásticamente a los responsables conforme a la ley del régimen disciplinario.

Recordó que el pasado 6 de junio, el coronel PNP Ricardo Munaylla Mendieta, jefe de la División Territorial Centro, tomó conocimiento de los hechos suscitados el pasado 15 de mayo en la comisaría Apolo, lugar donde, presuntamente, fueron torturados dos adolescentes que robaron un celular.

El oficial ordenó que el comisario de Apolo inicie las investigaciones policiales, con la participación de la 23ª Fiscalía Penal de Lima y paralelamente la Inspectoría General realice la investigación administrativa disciplinaria con el fin de identificar y sancionar a los efectivos responsables de la denuncia.

Ante esta situación, dicha Fiscalía pasó la investigación a la Cuarta Fiscalía Supranacional Provincial que dispuso que la División de Investigación de Secuestros, realice las indagaciones.

Tras las diligencias, el caso se remitió en vía de denuncia al Ministerio Público, el atestado Nº 77 de fecha 23 de noviembre (2009) donde se estableció la comisión del delito contra la humanidad (tortura) en agravio de los adolescentes de iniciales E. S. M. (17), y B. E. C. H. (16).

Fueron comprometidos en la denuncia los suboficiales José Luis Rodríguez Fernández, Edgar Manuel Rivera Miranda y Cristian Robert de la Cruz Copertino.

La PNP informó que la denuncia comprende, además, a los suboficiales Lorenzo Cirilo Arredondo Amaya y Luis Malpartida Zevallos, por los delitos contra la administración pública.

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