El Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer de las Naciones Unidas halló responsable al Estado peruano de violar los derechos humanos de una adolescente, a quien se le negó el procedimiento del aborto terapéutico en abril del año 2007.
Según la instancia internacional, el Estado peruano debe indemnizar por daños y perjuicios a favor de la joven, quien fue ultrajada sexualmente y debido a ello solicitó la interrupción de su embarazo en el Hospital Daniel Alcides Carrión, del Callao, pero se le negó.
Valerio Palacios, abogado de la familia de la mujer, indicó que según las recomendaciones de la instancia supranacional, también corresponde que se cumpla con la rehabilitación de su patrocinada para que pueda reinsertarse a su vida laboral.
El letrado dijo a RPP Noticias, que la muchacha carece de medios económicos y no ha podido continuar con sus estudios por el estado de paraplejía en que se encuentra, además de su impedimento para hacer sus necesidades fisiológicas, por lo que tiene que valerse de un catéter.
