Declaración aprobada es rica en acciones, iniciativas y programas para que países puedan luchar contra pobreza y contaminación ambiental, según la ONU.
La declaración "El futuro que queremos", el documento aprobado este viernes por la Conferencia de la ONU sobre Desarrollo Sostenible Río+20, es una guía para que el mundo pueda hacer una transición hacia una "economía verde inclusiva", asegura las Naciones Unidas.
El documento, según la evaluación inicial de la ONU, es rico en acciones, iniciativas y programas para que los países puedan impulsar un desarrollo sostenible, es decir un modelo de "economía verde" que ayude a combatir la pobreza y tenga en cuenta los límites del medio ambiente.
"La Conferencia terminó con un abanico de conclusiones que, si implementadas a lo largo de los próximos meses y años, proporcionarán la oportunidad para potenciar los caminos hacia un siglo XXI más sostenible", según un comunicado de la ONU.
El documento aprobado, que tiene 283 párrafos distribuidos en seis capítulos y 59 páginas, se basó en la propuesta conciliatoria presentada hace una semana por Brasil, que redujo significativamente el número de párrafos del original negociado desde hace dos años en Nueva York (200 páginas) y eliminó las partes que generaban más discrepancias.
Tanto la ONU como Brasil defendieron hoy el documento aprobado y destacaron sus principales conquistas, tras las críticas que el texto ha recibido en los últimos días de algunos negociadores y de las organizaciones no gubernamentales, que lo consideran poco ambicioso y hasta "decepcionante".
"El documento es una buena base para iniciar la transición porque es rico en acciones. Le faltan compromisos, metas y plazos concretos, pero estos comenzarán a ser negociados en la próxima Asamblea General de la ONU, en septiembre próximo", dijo a Efe el director ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible (PNUMA), Achim Steiner.
Adopción de plan decenal de nuevos estándares
Tanto la ONU como Brasil coinciden que los principales resultados de la Conferencia son la adopción de un plan decenal de nuevos estándares de producción y consumo sostenible, el lanzamiento de una negociación para establecer Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el fortalecimiento del PNUMA y la decisión de que sea creado un nuevo indicador global de riqueza que no tenga en cuenta sólo el Producto Interior Bruto (PIB).
Los ODS, que son metas que los Gobiernos se impondrán para asuntos vitales como el agua, la tierra y la biodiversidad, están inspirados en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), las metas para temas como el hambre, pobreza, educación y salud a que se comprometieron todos los países para 2015.
Las negociaciones para definir las nuevas metas comenzarán este mismo año en el seno de la ONU.
El plan de diez años de prácticas de consumo y producción sostenible incluye compromisos de diferentes Gobiernos para condicionar los contratos públicos al desarrollo sostenible y de varias empresas para reducir sus emisiones y mitigar sus daños.
La Cumbre también aprobó la creación de un nuevo indicador de riqueza que supere las limitaciones del PIB e incluya los recursos naturales, así como iniciativas para obligar a las empresas a divulgar en sus balances datos sobre sus huellas ambientales.
Pese a que no convirtió el Pnuma en una agencia especializada de la ONU como defendían los países europeos, la Río+20 fortaleció el organismo al dotarlo con más recursos financieros y una mayor representatividad, ya que todos los países pasan a formar parte de su consejo de administración.
La Río+20 igualmente le dio un mandato a la ONU para que inicie la negociación de un tratado para la protección de la biodiversidad en las aguas de jurisdicción internacional.
A nivel institucional, fue aprobada la creación de un Foro de Alto Nivel de Desarrollo Sostenible para coordinar todas las acciones de la ONU en esta área, incluyendo la definición de las fuentes financieras, una de las mayores trabas en las negociaciones.
Tras descartarse una propuesta de los países pobres para la creación de un fondo con 30.000 millones de dólares anuales, el documento sólo se refiere a fondos de múltiples orígenes, como privados y de instituciones multilaterales, para no limitar la financiación a las ayudas de los países ricos a los pobres.
EFE
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