por Redacción RPP
·Rafael Llano, abogado de Brookfield, criticó a la Municipalidad de Lima por no tener un plan tras forzar la liquidación de Rutas de Lima. La empresa seguirá operando, pero demanda al Estado peruano por $2,700 millones por "expropiación indirecta".
Pese a la decisión forzada de iniciar el proceso de disolución y liquidación de Rutas de Lima, Brookfield, el accionista mayoritario del fondo de inversión canadiense, aseguró que la concesionaria continuará operando y manteniendo las vías. En Prueba de Fuego de RPP, el representante legal de Brookfield, Rafael Llano, señaló de manera enfática que la empresa no se retira de la inversión.
El abogado criticó fuertemente a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) por su manejo de la situación que llevó a la disolución, a la cual calificó de irresponsable. En esa línea afirmó que la MML "no tiene un plan ni una solución, lo que tiene son eslóganes".
Llano advirtió que una vez que el proceso de liquidación concluya (posiblemente antes del tiempo previsto originalmente para la concesión), la MML hipotéticamente tendría que resolver cómo operar y asumir las obligaciones frente a acreedores, proveedores y empleados, pero "no ha dicho cómo ni cuándo".
El abogado de Brookfield lamentó que la MML se limite a proferir "insultos" y realizar actos de "hostigamiento constante en redes sociales" en lugar de planes.
Rutas de Lima no vive un proceso de quiebra
Llano inició la conversación corrigiendo la terminología utilizada por el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, enfatizando que el proceso iniciado por la Junta General de Accionistas de Rutas de Lima no es una quiebra.
"No es una quiebra y es importante esta precisión", dijo y aclaró que lo acordado fue iniciar un proceso de liquidación de Rutas de Lima.
La razón para la disolución y liquidación es que la empresa se encuentra dentro de una causal debido a la situación patrimonial, lo cual, según Llano, es el resultado de la conducta de la MML y otras entidades del Estado.
El abogado explicó que, en la liquidación, la empresa pasará a ser administrada por un equipo de liquidadores especializados. Estos liquidadores se encargarán de la administración diaria y de liquidar los activos y pasivos de Rutas de Lima.
En este contexto, el representante de Brookfield recordó que la Municipalidad de Lima es una deudora morosa de laudos arbitrales, debiendo pagar a Rutas de Lima más de $ 200 millones de dólares. Un comunicado emitido por Brookfield este miércoles menciona que los laudos repudiados superan los S/ 700 millones.
Deslinda relación de Brookfield con actos de corrupción
Llano abordó la cronología de la adquisición de la participación mayoritaria de Rutas de Lima por parte de Brookfield, desmintiendo la relación de la inversión con actos de corrupción anteriores. El abogado indicó que Brookfield adquirió el 57% de Rutas de Lima en junio y julio de 2016, cuando el escándalo Lava Jato ya había estallado en Brasil.
En ese sentido, subrayó que Brookfield invirtió como "un adquirente de buena fe", cumpliendo estándares internacionales.
La inversión de Brookfield, junto a la de otras empresas y bancos peruanos e internacionales, se realizó tras la debida diligencia exigida por la práctica internacional, dijo.
Llano aseguró que el plan original de Brookfield era adquirir la totalidad de la empresa (la cuota accionaria adicional pendiente), lo cual habría facilitado la salida total de Odebrecht. Sin embargo, dijo que esta acción fue impedida por la "Municipalidad y el Estado el a través del Ministerio de Economía y Finanzas".
"Impidieron esa adenda que hubiese permitido a Brookfield adquirir la totalidad de la empresa y que salga finalmente Odebrecht", dijo.
Estándares del TLC Perú-Canadá
El arbitraje internacional iniciado por Brookfield contra el Estado peruano se encuentra amparado por el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Perú y Canadá.
Llano detalló que este tratado incluye una serie de protecciones para los inversionistas canadienses. Los estándares principales que Brookfield ha invocado en su demanda son: la garantía del trato justo y equitativo, garantía contra una expropiación ilícita y garantía contra la discriminación.
Según el abogado, la garantía contra la discriminación es "muy importante", argumentando que Rutas de Lima ha sido designada para un trato de "abuso y arbitrariedad", a diferencia de otros concesionarios en situaciones similares.
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