El crimen, ocurrido hace tres años, puede quedar impune. La organización Rainforest lamentó que el fiscal a cargo del caso argumente que no cuenta con los recursos para reunir evidencias.
La fundación estadounidense Rainforest denunció que la Fiscalía peruana no completa la investigación por el asesinato, ocurrido hace más de tres años, de cuatro indígenas de la comunidad nativa Alto Tamaya Saweto cometida por madereros ilegales. Una de las víctimas fue el activista Edwin Chota.
A través de un comunicado, Rainforest advirtió que la investigación puede quedar archivada si el fiscal Julio Reátegui no logra evidencias contra los catorce implicados en el crimen en los próximos días. Reátegui es titular de la Fiscalía Provincial Especializada contra la Criminalidad Organizada de Ucayali.
Impunidad. El fiscal ordenó este lunes 25 la comparecencia forzada de tres de los testigos para tomarles declaración en un último intento por poder presentar una acusación suficientemente sustentada ante el Poder Judicial.
El plazo de la investigación concluye el sábado 30 de septiembre, sin posibilidad de que se prorrogue nuevamente. Esto porque ya se cumplió los 36 meses que la legislación otorga, como plazo máximo, para que los fiscales resuelvan casos complejos.
Quejas fiscales. La fundación estadounidense, que brinda apoyo legal a los familiares de las víctimas, lamentó que el fiscal Reátegui argumente que no cuenta con los recursos suficientes para obtener evidencias necesarias. A pesar de existir "testigos, evidencias e informes de las diligencias practicadas por la Policía".
Rainforest criticó que la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) haya incumplido las promesas que hizo a las viudas de los asesinados, como las de realizar coordinaciones entre la Fiscalía y el Poder Judicial para aclarar los hechos, sancionar a los responsables y asegurar la justicia para Saweto.
El caso. El asesinato de Chota y de sus compañeros Jorge Ríos, Leoncio Quinticima y Francisco Pinedo, todos ellos de etnia ashéninka, ocurrió el 1 de septiembre de 2014. Los indígenas fueron acribillados por un grupo de madereros ilegales a los que habían denunciado por ingresar a talar en su territorio.
Durante los tres años de investigación, uno de los presuntos asesinos estuvo año y medio en prisión preventiva, pero salió en libertad condicional tras excederse el plazo para estar recluido sin sentencia firme. (Con información de Efe)
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