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El juez Jorge Chávez Tamariz declaró infundada la petición de levantar las reglas de conducta impuestas contra la exalcaldesa; sin embargo, excluyó la prohibición específica que le impedía hacer declaraciones a la prensa sobre el caso Línea Amarilla. Ella es investigada por los presuntos delitos de colusión agravada y otros en agravio del Estado.
El juez Jorge Chávez Tamariz, del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional, levantó este lunes una restricción que pesaba sobre la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, que le impedía declarar en medios de comunicación sobre la investigación que afronta por el Caso Línea Amarilla.
"Excluyo como regla de conducta impuesta en la resolución número 18 del 12 de julio del 2022 por este juzgado de esta instancia esta regla: prohibición de efectuar declaraciones a los medios de prensa radiales, escrita y televisiva respecto a este caso por el reciente pronunciamiento de la Corte Suprema en la casación 2848-2021 con relación a (Pedro) Kuczynski Godard donde se trató esta misma regla de conducta y las ha excluido", informó el magistrado.
Chávez Tamariz dio esta decisión durante la audiencia donde la defensa de la exburgomaestre buscaba la caducidad de las demás reglas de conductas impuestas a Villarán de la Puente el 12 de julio del 2022. Sin embargo, en este punto el magistrado declaró infundada la petición.
El juzgado justificó su decisión señalando en que aún no ha transcurrido el plazo de 36 meses fijado por la entonces Ley 30077, referida al crimen organizado.
"Puntualmente debido a que aún no ha concluido el plazo de los 36 meses que corresponde a una concordancia del articulo 272 del Código Procesal Penal y por la ley vigente en ese entonces la 30077 y considerando el pronunciamiento del Tribunal de Apelaciones que ha fijado ese plazo", añadió durante la audiencia.
El caso
Susana Villarán es investigada por los presuntos delitos de colusión agravada y otros en agravio del Estado ya que, según la Fiscalía, ella habría concertado con directivos de las empresas O.A.S Sucursal Perú y Lamsac a fin de favorecerlos con la suscripción de la Adenda Uno en el contrato de Concesión del Proyecto Línea Amarilla en 2012, lo que permitió el reajuste de las tarifas del peaje de las vías administradas por Lamsac en 2013 a cambio de apoyo económico para su campaña de reelección en el sillón municipal en 2014.
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— Corte Superior Nacional (@csnjpeOficial) June 23, 2025
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