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El colegio San Vicente amaneció con resguardo policial y de serenos, luego de que sus autoridades denunciaran que son víctimas de extorsiones. Esto los llevó a suspender las clases presenciales, para garantizar la integridad de sus trabajadores y alumnos.
El colegio San Vicente, en el distrito Comas, ha suspendido las clases presenciales, luego de que sus dueños recibieran amenazas por parte de extorsionadores, que les exigen una fuerte suma de dinero.
Los delincuentes, incluso, dejaron en la puerta del centro educativo un artefacto explosivo, que afortunadamente pudo ser desactivado a tiempo.
Esta situación ha llevado a las autoridades del colegio a iniciar clases virtuales, para garantizar la integridad de sus trabajadores y, especialmente, de los alumnos.
Resguardo policial y de serenos
Un equipo de RPP llegó esta mañana al centro educativo y constató que en las inmediaciones hay presencia de policías y agentes del Serenazgo de Comas.
Representantes del municipio indicaron que los agentes ediles permanecerán durante la mañana y tarde, mientras que en la noche se realizará un monitoreo a través de las cámaras de seguridad.
Nuestra reportera contó que en las inmediaciones circulan padres de familia junto con sus hijos, ya que en las cercanías hay otros colegios, donde aún siguen en clases presenciales.
Más de 450 colegios privados son extorsionados
Esta semana, la Asociación Nacional de Colegios Privados del Perú (Anacopri) denunció que más de 450 instituciones educativas privadas han recibido amenazas de extorsión, lo que ha llevado a varios directores a optar por clases virtuales para proteger a estudiantes, docentes y administrativos.
En La Rotativa del Aire, Guido Quintanilla Gómez, presidente del gremio, informó que la situación se ha agravado este año y advirtió que, de no recibir respuestas del Gobierno, podrían cerrar colegios a nivel nacional.
El dirigente señaló que el número de colegios afectados pasó de 320, en 2024, a más de 450 en los últimos días, antes del inicio del año escolar. Indicó que esta medida impactaría a cerca de dos millones y medio de estudiantes y 450 mil trabajadores del sector educativo privado.
Fernando Chuquillanqui Periodista
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