por France 24
·Tras el operativo policial del martes, según las autoridades dirigido contra el Comando Vermelho en dos favelas de Rio de Janeiro, habitantes de los barrios afectados y familiares de víctimas piden cuentas a las autoridades locales. La magnitud del balance de la operación desata fuertes críticas por parte de las organizaciones de defensa de los derechos humanos, mientras que la posición del presidente Lula frente a lo sucedido queda poca clara.
Dos días después del megaoperativo policial, un sentimiento de dolor llena las calles de Rio de Janeiro.
Todo empezó cuando el martes 28 de octubre, un operativo policial contra el grupo criminal Comando Vermelho en las favelas de Penha y Alemão, dejó a más de 100 personas muertas.
La Policía de Río de Janeiro confirmó 121 muertes, entre ellas las de cuatro agentes de policía, mientras que la oficina de la Defensoría Pública de Río de Janeiro indicó al menos 132 muertos.
Aunque las cifras fluctuan, se trata de un balance sin precedente que reaviva los cuestionamientos sobre el accionar de la Policía cuando opera en las favelas.
Decenas de personas denuncian el uso excesivo de la fuerza y exigen la renuncia del gobernador del estado de Río de Janeiro, Cláudio Castro. El miércoles, residentes de las favelas protestaron frente a la sede del Gobierno estatal, gritando “¡asesinos!” y ondeando banderas brasileñas manchadas con pintura roja.
“Esto fue una masacre”, lamentó Barbara Barbosa, trabajadora doméstica del complejo de favelas de Penha, quien contó a la agencia AP que su hijo fue asesinado en una operación anterior.
“Pueden llevarlos a la cárcel, ¿por qué matarlos así? Muchos de ellos estaban vivos y pidiendo ayuda. Sí, son traficantes, pero son humanos”, también expresó la residente Elisangela Silva Santos, de 50 años, presente en la manifestación.
El activista comunitario Raull Santiago incluso afirmó haber encontrado pruebas de "brutalidad" policial mientras recogía cuerpos con otros miembros de su equipo.
“Vimos personas ejecutadas: baleadas por la espalda, con disparos en la cabeza, heridas de arma blanca, personas atadas. Este nivel de brutalidad, el odio esparcido (...) No hay otra forma de describirlo, salvo que fue una masacre”, aseguró el activista.
"Brasil debe romper este ciclo de extrema brutalidad"
La magnitud de la operación provocó la reacción de la ONU, que expresó preocupaciones sobre lo sucedido y pidió investigaciones.
“Entendemos plenamente los retos de tener que lidiar con grupos violentos y bien organizados como el Comando Vermelho. Pero Brasil debe romper este ciclo de extrema brutalidad y asegurar que las operaciones policiales cumplan con los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza”, declaró Marta Hurtado, portavoz de derechos humanos de la ONU.
Otras organizaciones defensoras de derechos humanos también pidieron que se aclare lo ocurrido durante el megaoperativo policial, en el que participaron alrededor de 2.500 policías y soldados brasileños, lo que incluyó agentes en helicópteros y vehículos blindados en las extensas favelas de bajos ingresos de Complexo de Alemão y Penha.
Human Rights Watch (HRW) Brasil tildó de “desastre” el operativo policial y de “una enorme tragedia” lo ocurrido, por lo que instó a la Fiscalía a investigar las circunstancias de “cada muerte”.
26 organizaciones internacionales o locales como Amnistía Internacional, Justicia Global, Conectas y el Observatorio de Favelas también publicaron un comunicado conjunto en el cual denuncian “el fracaso y la violencia estructural de la política de seguridad”, señalando que la lucha contra el crimen organizado “no se logra con sangre”.
En su declaración, las organizaciones también acusan al gobernador Cláudio Castro de ser el responsable de cuatro de las cinco acciones más letales en la historia reciente de este estado brasileño.
Lamentaron lo que “es, en realidad, una masacre producida por el Estado brasileño” que se inscribe en el “trágico histórico de matanzas cometidas por fuerzas policiales” en la ciudad carioca
Un operativo “exitoso” para el gobernador de Rio de Janeiro
A pesar de la indignación y de las fuertes críticas, el gobernador conservador de Rio de Janeiro celebró la operación y la calificó de “enfrentamiento histórico contra el crimen organizado”, en un mensaje publicado en su cuenta X.
Asimismo, Cláudio Castro aseguró a la prensa que la operación fue un “éxito”, precisando que, según sus palabras, las verdaderas víctimas fueron los cuatro policías muertos.
“En la batalla de ayer, la Policía salió victoriosa. Repito, nuestras cuatro víctimas fueron los cuatro policías asesinados. El resto eran criminales”, sostuvo.
Castro también justificó por qué las fuerzas de seguridad no detuvieron a los presuntos delincuentes, en vez de que fueran asesinados.
“No era nuestra intención matar a nadie. Queríamos capturarlos vivos. Pero fue una consecuencia de las represalias que llevaron a cabo y del uso desproporcionado de la fuerza por parte de esos criminales”, añadió el gobernador, en un intento por explicar la magnitud de muertes en la operación.
¿Cuál es la postura del Gobierno de Lula da Silva frente al operativo?
El ministro de Justicia brasileño, Ricardo Lewandowski, viajó a Rio de Janeiro y pareció cerrar filas con Castro, al señalar que ofreció “cooperar” para “superar lo más rápidamente esta crisis de seguridad”.
“Inmediatamente pusimos a disposición del gobernador algunos o todos los espacios necesarios en la prisión federal de máxima seguridad para trasladar a los líderes del crimen organizado”, recalcó en una rueda de prensa.
Sin embargo, el ministro de Justicia también mostró una postura ambigua, ya que en un primer momento cuestionó la legalidad de la operación.
Además, Lewandowski sostuvo que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva estaba “horrorizado" por el número de muertos y “sorprendido” por no haber recibido aviso previo a la operación.
Después de mantenerse en silencio, el presidente de izquierda se pronunció en la noche del miércoles 29 de octubre, mediante un mensaje difundido en la plataforma X. “No podemos aceptar que el crimen organizado continúe destruyendo familias, oprimiendo vecinos y esparciendo drogas y violencia por las ciudades”, afirmó Lula.
“Necesitamos una acción coordinada que se centre en los mecanismos del tráfico de drogas sin poner en peligro a los policías, los niños y las familias inocentes”, agregó.
Y este jueves 30 de octubre, en momentos en que escalan las críticas dentro y fuera del país por el letal megaoperativo, Lula promulgó una ley que fortalece la lucha contra el crimen organizado. Una medida que añadió confusión a su postura frente a si respalda, o no, a este tipo de operativos policiales.
Se trata de la ley que amplia las sanciones contra quienes intenten impedir la acción contra los grupos delictivos. El texto define como delito la obstrucción de acciones contra el crimen organizado y la conspiración para obstruir dichas acciones. Las penas se establecen entre 4 y 12 años de prisión.
"En la práctica, la nueva legislación endurece las penas por acciones como las perpetradas el martes por narcotraficantes en la favela Complexo do Alemão, quienes utilizaron barricadas y bombas lanzadas con drones para impedir la ejecución de órdenes de arresto contra miembros del grupo criminal Comando Vermelho", destacó el medio local 'O Globo'.
La ley también estipula que quienes sean condenados e investigados por estos delitos deberán ser recluidos en prisiones federales de máxima seguridad. Asimismo, amplía la protección personal de jueces, fiscales, policías y militares, incluyendo a sus familias, que corren riesgo al actuar contra el crimen organizado, especialmente en zonas fronterizas.
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