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por Redacción RPP
·Garzón es procesado por declararse competente para investigar crímenes durante la Guerra Civil española (1936-1939) y la posterior dictadura franquista (1939-1975).
El Tribunal Supremo, la máxima instancia judicial en España, confirmó que el magistrado Baltasar Garzón sea procesado por un presunto delito de prevaricación por declararse competente para investigar los crímenes durante la Guerra Civil española (1936-1939) y la posterior dictadura franquista (1939-1975).
En un auto fechado el pasado 26 de julio y notificado hoy, la Sala de lo Penal del Alto Tribunal desestima el recurso de apelación presentado por Garzón, que se encuentra suspendido de sus funciones en la Audiencia Nacional, contra la decisión del magistrado que instruye la causa, Luciano Varela, de proceder contra él.
La resolución se conoce sólo cuatro días después de que la Justicia argentina reabriera la causa por crímenes de lesa humanidad cometidos durante el franquismo, como reclamaban organismos humanitarios y familiares de víctimas de la dictadura.
En el auto, los cinco magistrados de la sala confirman la denegación de las pruebas solicitadas por Garzón y consideran que el criterio de Varela no fue "ilógico ni arbitrario".
El pasado 7 de abril, Varela notificó el auto judicial en el que acuerda juzgar a Garzón, quien logró fama internacional al procesar en 1998 al dictador chileno Augusto Pinochet.
Según fuentes del Alto Tribunal, el juicio podría celebrarse entre los próximos meses de noviembre y diciembre.
Garzón recurrió esa decisión de Varela al entender que las diligencias no podían considerarse terminadas porque faltaban por practicar pruebas que él había solicitado.
Éste había pedido que se citara a declarar como testigos a varias personalidades jurídicas y expertos internacionales, entre ellos la ex fiscal del Tribunal Penal Internacional Carla del Ponte, el juez chileno Juan Guzmán, que procesó a Pinochet, y el magistrado argentino Eugenio Raúl Zaffaroni, uno de los que anuló las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.
Ahora, los magistrados del Supremo explican que es al instructor de la causa a quien compete determinar qué diligencias son necesarias e imprescindibles y decidir "el momento en el que se han conseguido los fines de la instrucción".
Tras conocerse el auto del Supremo, la portavoz del opositor Partido Popular (PP) en el Parlamento, Soraya Sáenz de Santamaría, subrayó que "cualquier español está sometido al imperio de la ley" y debe cumplirla, con independencia de su profesión.
Los hechos por los que Garzón está encausado se remontan a 2008, cuando se declaró competente para juzgar las desapariciones en la Guerra Civil (1936-1939) y la posterior dictadura del general Francisco Franco (1939-1975), para lo que ordenó abrir algunas fosas donde se sospecha que puede haber enterradas personas desaparecidas.
El magistrado Varela considera que hay base para proceder contra Garzón por un presunto delito de prevaricación, porque ignoró la Ley de Amnistía promulgada en España en 1977. EFE
En un auto fechado el pasado 26 de julio y notificado hoy, la Sala de lo Penal del Alto Tribunal desestima el recurso de apelación presentado por Garzón, que se encuentra suspendido de sus funciones en la Audiencia Nacional, contra la decisión del magistrado que instruye la causa, Luciano Varela, de proceder contra él.
La resolución se conoce sólo cuatro días después de que la Justicia argentina reabriera la causa por crímenes de lesa humanidad cometidos durante el franquismo, como reclamaban organismos humanitarios y familiares de víctimas de la dictadura.
En el auto, los cinco magistrados de la sala confirman la denegación de las pruebas solicitadas por Garzón y consideran que el criterio de Varela no fue "ilógico ni arbitrario".
El pasado 7 de abril, Varela notificó el auto judicial en el que acuerda juzgar a Garzón, quien logró fama internacional al procesar en 1998 al dictador chileno Augusto Pinochet.
Según fuentes del Alto Tribunal, el juicio podría celebrarse entre los próximos meses de noviembre y diciembre.
Garzón recurrió esa decisión de Varela al entender que las diligencias no podían considerarse terminadas porque faltaban por practicar pruebas que él había solicitado.
Éste había pedido que se citara a declarar como testigos a varias personalidades jurídicas y expertos internacionales, entre ellos la ex fiscal del Tribunal Penal Internacional Carla del Ponte, el juez chileno Juan Guzmán, que procesó a Pinochet, y el magistrado argentino Eugenio Raúl Zaffaroni, uno de los que anuló las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.
Ahora, los magistrados del Supremo explican que es al instructor de la causa a quien compete determinar qué diligencias son necesarias e imprescindibles y decidir "el momento en el que se han conseguido los fines de la instrucción".
Tras conocerse el auto del Supremo, la portavoz del opositor Partido Popular (PP) en el Parlamento, Soraya Sáenz de Santamaría, subrayó que "cualquier español está sometido al imperio de la ley" y debe cumplirla, con independencia de su profesión.
Los hechos por los que Garzón está encausado se remontan a 2008, cuando se declaró competente para juzgar las desapariciones en la Guerra Civil (1936-1939) y la posterior dictadura del general Francisco Franco (1939-1975), para lo que ordenó abrir algunas fosas donde se sospecha que puede haber enterradas personas desaparecidas.
El magistrado Varela considera que hay base para proceder contra Garzón por un presunto delito de prevaricación, porque ignoró la Ley de Amnistía promulgada en España en 1977. EFE
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