El Senado brasileño investiga la gestión de Bolsonaro con la COVID-19

El Senado de Brasil instaló este martes una comisión para investigar posibles omisiones del Gobierno de Jair Bolsonaro ante la pandemia de la COVID-19, que está controlada por la oposición y será desde ahora una piedra en el zapato del mandatario.

La comisión, con once miembros titulares y siete suplentes, tiene apenas cuatro senadores alineados con Jair Bolsonaro y determinará si el Gobierno tiene alguna responsabilidad en el agravamiento de la crisis sanitaria, cuando Brasil se acerca a los 400 000 muertos y ya duplicó en cuatro meses de este año el total de fallecidos en 2020.

El grupo podrá convocar a declarar ministros y otras autoridades y de hecho ya se planteó el propósito de interrogar al titular de la cartera de Salud, Marcelo Queiroga, y a sus tres antecesores, que se sucedieron en el cargo ya en plena pandemia de la COVID-19.

En la primera sesión fue elegida la directiva de la comisión, que será presidida por Omar Aziz, del Partido Social Democrático (PSD), una formación de centro que se declara independiente.

Como vicepresidente fue electo el senador Randolfe Rodrigues, del partido ecologista Rede y uno de los más duros críticos de Jair Bolsonaro en el Parlamento.

El cargo de instructor, clave para el curso de la investigación, recayó en Renan Calheiros, del Movimiento Democrático Brasileño (MDB), un partido de centroderecha que no oculta su carácter opositor.

Primera derrota del bolsonarismo

El bolsonarismo intentó impedir la elección de Calheiros como instructor hasta por la vía judicial, con el argumento de que el senador ya ha declarado su convicción de que Jair Bolsonaro ha sido "omiso", "negacionista" e "incompetente" frente a la pandemia.

Sin embargo, se impuso la mayoría en una comisión que tendrá un plazo de 90 días para realizar la investigación, aunque podrá ser prorrogado, y deberá concluir con un informe que, de acuerdo a sus conclusiones, puede ser remitido a los tribunales para el inicio de un proceso judicial.

La preocupación del Gobierno radica en el talante netamente político que tendrá el trabajo, que además será desarrollado en momentos en que la pandemia de la COVID-19 está lejos de ceder y con los partidos y Jair Bolsonaro iniciando articulaciones de cara a los comicios de octubre de 2022, en los que el mandatario intentará su reelección.

Aziz, en su primera declaración como presidente de la comisión, instó a evitar las "discusiones políticas" y que un "clima electoral anticipado contamine" el trabajo investigador.

"Hay encuestas que dicen que el 86 % de los brasileños conoce a alguien que murió de la  COVID-19. No podemos tener discusiones políticas con 400.000 muertos", enfatizó.

Largo rosario de posibles omisiones e irregularidades

El negacionismo mostrado por Jair Bolsonaro desde el propio inicio de la pandemia preocupa a algunos sectores del oficialismo desde hace meses.

Con el inicio de la investigación, el Gobierno dio a entender que comparte esa preocupación a través de un documento interno, que fue obtenido por medios locales y enumera 23 posibles casos de omisión o irregularidades en el combate a la pandemia de la COVID-19, sobre los que ahora la comisión pedirá explicaciones.

El documento fue elaborado con la intención de preparar una defensa en la comisión del Senado, ante la cual se prevé que desfilará una larga lista de ministros y antiguos colaboradores de Jair Bolsonaro.

Algunos de esos puntos de duda se refieren a la negativa del Ministerio de Salud a iniciar el proceso de adquisición de vacunas a mediados del año pasado o a la resistencia de Jair Bolsonaro a admitir la gravedad de un virus que llegó a tildar de "gripecita".

También se citan atrasos en la compra de oxígeno o medicamentos para intubación, que aún escasean en algunas regiones del país y agravan la situación hospitalaria.

Otros puntos se refieren a la difusión de noticias falsas sobre la pandemia, a la falta de una campaña de divulgación oficial en torno a su gravedad, y a las presiones de Jair Bolsonaro para el uso en la red de sanidad pública de remedios sin eficacia comprobada contra la COVID-19, como la cloroquina.

(Con información de EFE)

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