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por Redacción RPP
·El peruano Carlos Alberto Sánchez Palacios, de 54 años, es acusado de cobrar hasta 10 mil dólares por enviar ilegalmente a Europa ciudadanos de su país.
La Policía brasileña arrestó en el aeropuerto internacional de Río de Janeiro a un peruano acusado de liderar una red de tráfico ilegal de personas que cobraba entre 7.000 y 10.000 dólares por enviar ilegalmente a Europa ciudadanos de su país, informaron fuentes oficiales.
La operación, que incluyó allanamientos en un hotel y en apartamentos alquilados en el centro de Río de Janeiro, también permitió la detención de cinco mujeres de nacionalidad peruana que al parecer iban a viajar a Francia con documentos falsos.
El comisario de la Policía Federal brasileña en el aeropuerto de Río de Janeiro, Alcyr Vidal, dijo que la red utilizaba a Brasil como puente para enviar emigrantes ilegales a diferentes países europeos, algunos de los cuales con documentos falsos.
La policía identificó al peruano Carlos Alberto Sánchez Palacios, de 54 años y que se encuentra irregularmente en Brasil, como el jefe de la organización.
Los peruanos eran transportados hasta Brasil legalmente y en Río de Janeiro obtenían los documentos falsificados para proseguir su viaje a Europa.
Los peruanos presentaban en el momento del embarque en el aeropuerto de Río de Janeiro documentos con nombres brasileños y un pasaje con destino a otro país latinoamericano en donde no es exigida la visa.
Tras pasar por la aduana brasileña los emigrantes ilegales abordaban el vuelo con rumbo a Europa.
La Policía Federal aún busca a otra peruana que supuestamente también tenía previsto viajar a Francia y a una brasileña que al parecer se hacía pasar por las emigrantes para engañar a las compañías aéreas.
"Por ahora apenas tenemos la confirmación de tráfico de peruanas, pero vamos a investigar si brasileños también tenían participación", afirmó el comisario.
Vidal aseguró que la red era investigada desde hacía tres meses y que los arrestos fueron ordenados por un juez al que le fueron presentadas como pruebas conversaciones telefónicas entre los acusados grabadas legalmente.
Agregó que la red por lo general enviaba mujeres peruanas de entre 25 y 30 años.
"Se trata de emigración ilegal, de contrabando de emigrantes. Apenas con esas seis mujeres que pretendían embarcar, ellos obtendrían al menos 42.000 dólares", según el oficial. EFE
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