El último martes, Ariel Henry, premier y gobernante de facto de Haití, anunció su dimisión al cargo en cuanto se instale un consejo presidencial de transición. Esto en medio de un clima de violencia generalizada por parte de organizaciones criminales opositoras al régimen.
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El asedio de las organizaciones criminales se ha intensificado tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021
El terror diario que viven millones de personas en Haití se intensifica con el pasar de las horas. Y es que la presencia de grupos criminales armados en las calles se ha vuelto moneda común, ya a nadie sorprende; como tampoco es sorpresivo encontrar cadáveres en las calles, víctimas del desgobierno que se vive desde hace años en el país más pobre de América Latina.
El martes 12 de marzo, un nuevo capítulo de esa situación parece haber iniciado. El primer ministro y gobernante de facto del país, Ariel Henry, anunció su dimisión al cargo, algo que había sido exigido en las calles por sus compatriotas, pero también por las pandillas, que han adquirido un rol protagónico en la política haitiana.
"El Gobierno que dirijo acepta la instalación de un consejo presidencial de transición. Los miembros del consejo serán elegidos tras un acuerdo entre diferentes sectores de la vida nacional", indicó Henry en un video publicado hoy en sus redes sociales oficiales.
No obstante, la renuncia de quien ostenta el poder en el país desde el 2021, tras el asesinato no resuelto del presidente Jovenel Moïse, abre nuevas incógnitas en el destino cada vez más incierto del país caribeño, mucho más cuando está a merced de las pandillas que, según estimaciones, controlan ya el 80% de la capital, Puerto Príncipe.
¿Cómo es que Haití ha llegado a esta situación? ¿Qué futuro podría esperarle de continuar en ese rumbo? ¿Existe algún atisbo de solución desde la comunidad internacional? RPP ha preparado este informe para aproximarnos a esas respuestas.
Un magnicidio aún sin resolver
La actual crisis que vive Haití tuvo su punto de quiebre con el asesinato del presidente Jovenel Moïse, ocurrida el 7 de julio del 2021, en el propio palacio presidencial ubicado a las afueras de Puerto Príncipe.
El mandatario, que inició su gobierno en 2017 y arrastraba señalamientos de corrupción, había nombrado días antes como primer ministro a Ariel Henry, sobre quien pesaron las sospechas de la autoría del crimen.
Según las investigaciones, Moïse fue asesinado por un grupo de aproximadamente 26 mercenarios colombianos, que habrían sido reclutados por allegados al gobierno, como Joseph-Felix Badio, exfuncionario del Ministerio de Justicia que fue arrestado en octubre del año pasado por ser presunto autor intelectual del magnicidio. No obstante, a la fecha, aún no se ha determinado culpabilidades específicas.
Tras el asesinato del presidente, Jimmy Chérizier, conocido como "Barbecue" y cabecilla de G9 y Familia -una de las más poderosas organizaciones criminales haitianas que agrupa a 9 pandillas- arreció su asedio contra el Estado. Sin embargo, este accionar criminal tendría una motivación muy particular.
Según el portal InSight Crime, antes del asesinato del presidente, el 50% del financiamiento de la G9 llegaba gracias al presupuesto público: un 30% procedente de secuestros y el 20% de extorsiones. Además habría gozado de favores de la Policía local. No obstante, la recaudación cayó a 30% luego del crimen, por lo que habría decidido ir contra el nuevo gobierno, acusándolo de corrupto. El canal principal que utilizó para lanzar este tipo de diatribas fue Youtube, aunque también ha recurrido a X (ex Twitter).
"Agradezco a quienes crean estas tecnologías. La tecnología hoy nos brinda la oportunidad de acercarnos y presentarnos al público. No estoy vendiendo mentiras", indicó en esa última red social.
Las pandillas y su pugna por el poder
En Haití, las pandillas no solo sirven a sus propios intereses en actividades fuera de la ley, sino a sectores políticos que instrumentalizan su capacidad delictiva. Según un reciente informe de The New York Times, son dos las más grandes organizaciones criminales del país: el G-9, vinculado al partido de gobierno Haitian Tèt Kale; y el G-Pèp con tendencia a apoyar a los partidos de oposición.
No obstante, el primero -formado en 2020, y encabezado por Jimmy Chérizier, un expolicía retirado acusado de asesinar a civiles- habría perdido respaldo político tras el asesinato del presidente Moïse. Sin embargo, su líder supo canalizar el descontento social con el gobierno, y aprovechado ello para acumular poder, al punto de estar en capacidad de poner de rodillas a las actuales autoridades.
Recientemente, las pandillas opositoras al régimen han conformado algo llamado “Vivre Ensemble” o “Vivir Juntos”, siendo Chérizier la cabeza visible. Con esa organización, han logrado el cierre del aeropuerto de Puerto Príncipe, han saqueado puertos marítimos, edificios públicos y atacado casi una decena de comisarías.
Además, mantienen bloqueadas las carreteras con lo que se ha cortado el suministro de alimentos a las ciudades, y en un asalto sin precedentes a la principal cárcel del país, ocurrido el último 2 de marzo, liberaron a 3 700 presos, que purgaban condena por pertenencia a las pandillas, homicidios, violaciones, entre otros delitos.
Pero “Vivre Ensemble” va por más. No solo se trata de la presión por sacar a Ariel Henry del poder, sino de colocar a sus allegados en puestos de gobierno en la eventual transición política.
“Nuestro primer paso en la batalla es derrocar al gobierno de Ariel Henry, como siempre hemos dicho, y luego nos aseguraremos de que el país tenga un Estado fuerte con un sistema judicial fuerte para luchar contra los corruptos”, anunció Chérizier en una conferencia de prensa.
“Vamos a asegurarnos de que tener un sistema de seguridad fuerte que permita a todo el mundo circular a la hora que quiera y regresar cuando quiera (...) Nuestro objetivo es ver otro Haití”, agregó.
No obstante, Chérizier anunció también que si Henry no dejaba el cargo, en Haití habría una “guerra civil que terminará en genocidio”. Ese genocidio parece ya ser una realidad.
Según un informe de la Red para la Protección de Derechos Humanos en Haití, el G-9 es responsable de ejecutar personas y quemar sus residencias, además de una serie de masacres por la pugna del control de Puerto Príncipe.
Además, según el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Chérizier es responsable de graves violaciones de los derechos humanos en Haití, por lo que Washington y la ONU le impusieron sanciones.
Por otro lado, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de Naciones Unidas alerta de que al menos 15 000 personas han sido desplazadas por la violencia en Haití en la última semana, por lo que el número de haitianos obligados a huir de sus hogares por la crisis asciende ya a 362 000.
Un Estado desbordado por la crisis
Las pandillas en el país parecen estar ganando la guerra. El respaldo político acumulado de años y la crisis social les ha permitido estar mucho mejor equipadas que la Policía y sumar muchas personas a sus filas.
"Las bandas criminales están mejor equipadas que la policía y cuentan con la protección de las autoridades", señaló Pierre Esperance, director de la ONG haitiana Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos, en una entrevista realizada en 2021 para la BBC.
Además, según cifras de la ONU del 2023, la Policía de Haití solo cuenta con 9 mil agentes activos para un país que alcanza los 11,5 millones de habitantes. La entidad multinacional estimó que para esa cifra se necesitarían, por lo menos, alrededor de 26 mil efectivos.
Asimismo, pese a que Estados Unidos ha invertido casi 200 millones de dólares en equipar a la Policía de Haití, actualmente hay escasez de armamento y de personal, pues en los dos últimos años habrían renunciado 3 mil efectivos por temor a represalias de las pandillas.
La situación de desgobierno se ha agravado mucho más con la salida de Ariel Henry rumbo a Kenia, el pasado 29 de febrero. En dicho país, trató de concentrar respaldo internacional para combatir a las pandillas, un esfuerzo que inició el 2023 sin muchas respuestas concretas.
El pasado 1 de marzo, firmó un acuerdo con el presidente de Kenia, William Ruto, en Nairobi, para el despliegue de 1 000 policías kenianos en Haití. Tras ello, Henry se refugió en Puerto Rico.
Diez días después se realizó en Jamaica una cumbre extraordinaria de la Comunidad del Caribe (CARICOM) a la que asistió el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, para tratar el tema de Haití. Blinken anunció que su país contribuiría con 100 millones de dólares para financiar una fuerza multinacional auspiciada por la ONU, que ayude a las autoridades locales a restaurar el orden y a luchar contra las pandillas.
Además, Blinken respaldó la propuesta de una transición política que implique "la creación de un consejo presidencial independiente, y de amplia base".
Este martes, Henry anunció que dejará el cargo una vez que se instale el consejo de transición y se forme un nuevo gobierno, lo cual hizo que Kenia anunciara el aplazamiento del envío de personal policial a Haití por "un cambio fundamental en las circunstancias".
"Sin una administración política en Haití, no hay ancla sobre la que pueda apoyarse un despliegue policial, por lo que el Gobierno (de Kenia) esperará al establecimiento de una nueva autoridad constitucional en Haití antes de tomar más decisiones sobre el asunto", indicó Korir Sing'oei, viceministro keniano de Asuntos Exteriores.
¿Hay solución para Haití?
RPP conversó con el internacionalista Ramiro Escobar, docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), respecto a una posible solución para la crisis en Haití. Sin embargo, el pronóstico no puede ser distinto a uno cargado de incertidumbre.
"Bien difícil decir (si hay solución), porque Haití es un país que tiene una crónica inestabilidad, (que) viene desde su fundación, prácticamente. Es el único país en el mundo fundado por esclavos que se rebelan y toman el control de un territorio, y ha sufrido una serie de maltratos a lo largo de su historia", indicó.
"Francia le cobró una indemnización por independizarse, increíblemente. Luego EE.UU. mantuvo en el poder a una dinastía siniestra (…), y nunca ha sido un país estable. Cuando se intenta volver un país democrático tras la caída del último Duvalier, entra nuevamente en una inestabilidad política crónica porque ya no hay una mano dura que los controle, y hay varios grupos de poder tratando de controlar el territorio. Lo que estamos viendo ahora es la consecuencia de varios años en los que ha habido elecciones, pero los presidentes no han durado, ha habido golpes de Estado, peleas de grupos de poder", explicó.
Respecto al accionar de las pandillas, Escobar consideró que detrás de ellas existen intereses de grupos de poder, que no van a ponerse de acuerdo fácilmente.
Respecto a la propuesta de una transición política democrática, Escobar resaltó que tampoco queda claro cómo esta se iba a realizar.
"No queda claro cómo va a ser porque ese es un anuncio que ni siquiera proclama la necesidad de unas elecciones democráticas, simplemente llegar a una transición política que desemboque en un nuevo gobernante. Haití es lo que en teoría política se denomina un estado fallido, que no puede controlar su territorio, no progresa su población", aseveró.
Asimismo, consultado sobre la eventual participación del líder de la pandilla G9 en esta transición, el catedrático de la PUCP consideró que los países no llegarían a ningún acuerdo con un criminal.
"Lo difícil también va a ser que los países que están tratando de proveer una solución política para Haití o una transición política lleguen a un acuerdo con este señor que es un criminal (...) Un país no puede estar gobernado por unos criminales, debe tener algún tipo de proceso democrático transparente, limpio, estable o por lo menos viable", sostuvo.
"No se ve eso por el momento, pero la política es un territorio donde se logran imposibles, pero esos imposibles no pueden hacerse renunciando a defender los mínimos derechos de la población", puntualizó.
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