El diputado Sigifredo López dijo que en su caso el proceso lo lleva de forma independiente, al igual que los familiares de sus demás compañeros, muertos en el 2002.
Sigifredo López, el único sobreviviente de los 12 diputados secuestrados en 2002 por las FARC, se abstuvo de opinar sobre la millonaria conciliación pedida al Estado Colombiano por la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt por los más de seis años que estuvo en poder de los rebeldes.
En declaraciones al informativo de televisión Caracol Noticias, López dijo que en el caso del secuestro de los diputados del departamento del Valle del Cauca (suroeste) es diferente, pues incluso el Consejo de Estado "ya ha reconocido la falla en el servicio de seguridad".
Aclaró que, en su caso, el proceso lo lleva de forma independiente, al igual que los familiares de sus demás compañeros.
"Cada secuestrado maneja su reclamación", señaló López.
En febrero de este año, López demandó al Estado colombiano por las fallas que hubo en su seguridad y la de otros once diputados del departamento del Valle del Cauca, secuestrados en 2002 por un comando de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
En ese entonces, en diálogo con Efe, el político señaló que no había pensado en presentar esa demanda, pero se sintió "indignado" cuando dos funcionarios del Ministerio de Defensa le ofrecieron 40 millones de pesos (uno 20.000 dólares) por los perjuicios causados en siete años de secuestro.
López fue liberado unilateralmente por los rebeldes el 5 de febrero de 2009 y fue el único sobreviviente de los 12 diputados secuestrados por las FARC el 11 de abril de 2002 en la sede de la Asamblea departamental, en la ciudad de Cali (suroeste).
Sus compañeros de secuestro fueron asesinados por las FARC en 2007, en un enfrentamiento entre los mismos guerrilleros.
López argumentó en su demanda que meses antes de su rapto se enviaron cartas al jefe de seguridad de la Asamblea, a las Fuerzas Militares y a la Policía en las que les exponían que ante la crítica situación de seguridad que vivía el Valle del Cauca era necesario extremar las medidas de seguridad.
La de López, era la primera demanda contra el Estado por omisión.
La semana pasada, Betancourt y su familia presentaron una conciliación contra el Ministerio de Defensa para exigir el pago de 12.500 millones de pesos (unos 6,5 millones de dólares) por los perjuicios ocasionados durante su secuestro.
Betancourt, al igual que sus abogados, insisten en que no hay ninguna demanda contra el Estado Colombiano.
La ex candidata presidencial fue secuestrada por las FARC el 23 de febrero de 2002, junto a su entonces compañera para la vicepresidencia, Clara Rojas.
Betancourt fue rescatada junto a otros 14 rehenes por el Ejército el 2 de julio de 2008, mientras que Rojas había sido puesta en libertad por las FARC el 10 de enero de ese mismo año.
EFE
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