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Human Rights Watch acusa a China del "ataque más intenso" contra derechos humanos jamás realizado

Xi Jinping, presidente de China.
Xi Jinping, presidente de China. | Fuente: AFP

Human Rights Watch advirtió que, para mantenerse en el poder, el Gobierno de Xi Jinping "ha construido un Estado de vigilancia orwelliano, altamente tecnológico, y un sofisticado sistema de censura de internet para vigilar y suprimir la crítica pública".

China lleva a cabo "el ataque más intenso contra el sistema global de defensa de los derechos humanos" de todos los tiempos, asegura la oenegé Human Rights Watch en su informe anual divulgado el martes, que urge al mundo democrático a resistir su embestida.

Para mantenerse en el poder, el Gobierno de Xi Jinping "ha construido un Estado de vigilancia orwelliano, altamente tecnológico, y un sofisticado sistema de censura de internet para vigilar y suprimir la crítica pública", sostiene Kenneth Roth, jefe de Human Rights Watch (HRW), en el informe de más de 650 páginas sobre el estado de los derechos humanos en el mundo en 2019.

"En el extranjero, utiliza su creciente poderío económico para silenciar críticos y llevar a cabo el ataque más intenso contra el sistema global de defensa de los derechos humanos desde su surgimiento a mediados del siglo XX", denuncia.

Roth señala que China ha construido "un sistema pesadillesco" de vigilancia de 13 millones de musulmanes uigures, kazajos y otras minorías tártaras en Sinkiang, en el noroeste de China, y está creando otros similares en el resto del país.

Esta vigilancia ha resultado en la detención indefinida de más de un millón de musulmanes tártaros para su "reeducación", y ha dejado a innumerables niños "huérfanos", señala.

"Ningún otro gobierno está simultáneamente deteniendo un millón de miembros de una minoría étnica para un adoctrinamiento forzado y atacando a cualquiera que se atreva a desafiar su represión", asegura.

Bolsonaro y su "agenda anti derechos"

HRW alerta sin embargo que populistas autócratas en varias partes del mundo están demonizando a las minorías y atacando a quienes les enfrentan, sean periodistas, jueces o activistas.

Algunos, como el estadounidense Donald Trump o el brasileño Jair Bolsonaro, denuncia Roth, ponen frenos al sistema internacional de derechos humanos que China socava.

La organización denuncia además la "agenda anti derechos" del primer año de gobierno de Bolsonaro, con políticas que "han implicado mayores riesgos para poblaciones vulnerables", aunque algunas fueron bloqueadas por la justicia o el Congreso.

Entre ellas menciona el proyecto de ley impulsado por Bolsonaro que permitiría evitar la prisión a policías condenados por ejecuciones ilegales, así como la luz verde otorgada a redes criminales de tala de árboles en la Amazonía que utilizan la violencia contra indígenas o activistas que defienden la selva.

Recuerda que Bolsonaro ha alentado a la policía a matar a sospechosos y que en agosto dijo que los criminales "deben morir como cucarachas".

Alzar la voz

El jefe de HRW viajó a Hong Kong el domingo pasado para celebrar allí la conferencia de prensa de lanzamiento del informe, centrado en China.

Pero al llegar al aeropuerto, las autoridades chinas le prohibieron el ingreso por considerarlo responsable de las revueltas callejeras que sacuden la excolonia británica desde hace más de siete meses, y la conferencia fue trasladada a la sede de la ONU en Nueva York.

HRW denuncia la inacción y la diplomacia complaciente frente a China, y llama a gobiernos, empresas e instituciones a unirse para denunciar a viva voz los ataques contra los derechos humanos.

También asegura que la ONU ha sido "un blanco clave" de China y reprocha al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, "no pedir públicamente que China ponga fin a la detención masiva de tártaros musulmanes".

HRW pide que los gobernantes dejen de tratar a Pekín como "un socio respetable" y solo acepten hacer visitas de Estado "si hay verdaderos progresos en materia de derechos humanos" y se permite el acceso de investigadores de la ONU a Sinkiang.

La organización insiste en que los responsables chinos directamente involucrados en la represión de los uigures sean declarados persona non grata, que sus cuentas bancarias sean congeladas y que sean procesados.

AFP

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