India vuelve a las ejecuciones por primera vez en siete años

Tras siete años de moratoria de hecho sobre la pena capital, la presidenta india, Pratibha Patil, ha denegado la petición de clemencia a dos condenados a muerte y ha dado vía libre a su ejecución, entre críticas de los grupos defensores de los derechos humanos.

"La presidenta consideró que estos dos condenados no merecían una revisión de su pena y que sus delitos les hacían acreedores de la condena a muerte, por lo que decidió confirmarla", informó hoy a Efe una fuente del Gobierno indio.

Según explicó la fuente, los afectados son Devinder Pal Singh Bhullar, que aguarda su ajusticiamiento por "planear ataques terroristas" con el resultado de varios fallecimientos, y Mahendra Nath Das, condenado a muerte por asesinato.

Esta es la primera vez desde el año 2004 que un jefe del Estado indio confirma una pena de muerte decretada por el Supremo.

Hasta ahora, ha sido práctica común que los presidentes de la India perdonaran a los condenados o que no se pronunciaran sobre sus peticiones de clemencia para alargarlas indefinidamente, como forma de mantener una moratoria no escrita que ahora vuelve a romperse.

"La ejecución de dos hombres por la India tras un hiato de siete años es completamente decepcionante y supone un paso atrás para los derechos humanos en el país", dijo a Efe el director de Amnistía Internacional para Asia-Pacífico, Sam Zarifi.

"Para la India, usar la pena de muerte en este momento supondría dar la espalda a la tendencia global contra la abolición de las ejecuciones, un número que continúa en declive", añadió.

La Justicia india aplica la pena capital siguiendo el principio de caso "rarest of the rare" ("el más extraordinario entre los extraordinarios").

Este principio abarca habitualmente delitos de especial violencia o alevosía, pero el problema reside en que la Corte Suprema no tipificó en su momento qué delito era "raro" y cuál "el más raro", de modo que al final las sentencias son discrecionales.

La última ejecución en la India, que tuvo lugar en 2004 y puso fin a catorce años de moratoria no escrita sin ejecuciones, afectó al preso Dhananjoy Chatterjee, quien fue ahorcado por haber violado y asesinado a una colegiala.

El estado indio había reconocido solo 45 ejecuciones desde su independencia en 1947 hasta ese año, aunque Amnistía Internacional afirma que en la década de 1960 se habían producido 1.450 ejecuciones en el gigante asiático.

La India parecía haber dado pasos lentos hacia la abolición de la pena máxima desde que, en 1973, se estableció la obligatoriedad de razonar en cada sentencia las razones por las que se optaba por la condena a muerte en lugar de la cadena perpetua.

Las penas deben ser primero confirmadas por el Tribunal Supremo, y es en ese momento cuando los condenados pueden solicitar clemencia a la presidenta del país, que escucha el consejo del Ministerio de Interior antes de ratificar la condena o conmutarla.

Su decisión, en virtud del artículo 72 de la Constitución india, es transmitida a Interior y desde allí pasa a los gobiernos regionales, que pueden ejecutar las penas en cualquier momento, según la fuente del Gobierno.

En la India ya fue ejecutado en 1989 el asesino de la ex primera ministra Indira Gandhi, y aún está pendiente el caso de tres personas condenadas por el asesinato del hijo de esta, el también primer ministro Rajiv Gandhi.

Otros condenados de alto perfil son el único terrorista capturado vivo durante el asalto de Bombay de 2008 -que dejó 166 muertos-, Mohammad Ajmal Amir Qasab, y el planificador de un ataque armado contra el Parlamento indio del año 2001, Mohammed Afzal.

Aunque la oposición ha exigido con insistencia una rápida decisión contra este último, que ha solicitado clemencia, el Gobierno indio ha mantenido hasta ahora que no existe un plazo definido a la hora de decidir sobre las peticiones.

Desde 2008, el Ministerio de Interior ha transmitido una quincena de peticiones de clemencia a la presidenta india. EFE