El abogado Celso Vilardi manifestó que el proceso solo tiene como base un borrador de un decreto golpista encontrado en un celular y el testimonio del antiguo edecán de Jair Bolsonaro.
La defensa de Jair Bolsonaro afirmó este miércoles ante la Corte Suprema que "no hay una sola prueba" que vincule al expresidente brasileño con la trama golpista por la que está siendo juzgado y aseguró que su cliente "no atentó contra el Estado democrático de derecho".
"La investigación de la Policía y la denuncia de la Fiscalía son una sucesión increíble de hechos", dijo Celso Vilardi, uno de los abogados del exmandatario, ante los cinco magistrados que integran la Primera Sala del Supremo, donde se celebra el juicio oral contra ocho acusados de tramar un golpe de Estado, entre ellos el exmandatario.
El letrado criticó que el proceso solo tiene como base un borrador de un decreto golpista encontrado en un celular y el testimonio del antiguo edecán de Bolsonaro, el teniente coronel Mauro Cid, quien cerró un acuerdo de colaboración judicial, que la defensa del expresidente considera viciado.
Vilardi sostuvo que Cid "mintió" ante las autoridades y pidió al tribunal anular ese acuerdo. También criticó que durante el proceso hubo restricciones en el ejercicio de la defensa por no haber podido acceder a las pruebas de manera "integral".
"No cabe al juez establecer qué pruebas puede ver la defensa", expresó.
Fiscal acusa a Bolsonaro de liderar proyecto “autoritario de poder”
El fiscal general, Paulo Gonet, sitúa a Bolsonaro en el centro de la trama golpista.
Asegura que fue el "líder" de una "organización criminal" que puso en marcha "un proyecto autoritario de poder" para anular el resultado de los comicios de 2022, impedir la investidura del actual gobernante, Luiz Inácio Lula da Silva, y mantenerse en el poder.
Gonet presentó como evidencias reuniones entre Bolsonaro y la cúpula militar, declaraciones de testigos y un conjunto de documentos, planillas y audios de sus más estrechos colaboradores.
Según la investigación, Bolsonaro recibió, leyó y modificó un borrador de decreto presidencial para establecer medidas de excepción, como estado de sitio o estado de defensa, tras su derrota electoral en 2022 frente a Lula.
La Policía Federal también sostiene que el líder ultraderechista avaló un plan para asesinar a Lula, a su vicepresidente Geraldo Alckmin y al juez Alexandre de Moraes, relator del caso.
Concluida esta fase, el juicio quedará listo para una sentencia que se dictará la semana próxima, en sesiones previstas para los días 9, 10 y 12 de septiembre.