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por Redacción RPP
·Ley permite a las jóvenes mayores de 16 años abortar hasta la semana 14 de gestación sin informar a sus padres.
La nueva Ley del Aborto, que permite a las jóvenes mayores de 16 años abortar hasta la semana 14 de gestación sin informar a sus padres, entró hoy en vigor en España con una gran polémica y recurrida ante el Tribunal Constitucional (TC).
Interrumpir el embarazo voluntariamente dejará de ser un delito despenalizado en algunos supuestos para convertirse en un derecho, justo cuando se cumplen 25 años de la aprobación de la primera normativa, en 1985, que ha permitido abortar a 1,3 millones de mujeres en España.
La nueva norma, que ha generado una fuerte oposición de los sectores conservadores y de la Iglesia Católica, establece el aborto libre hasta la semana 14, y hasta la 22 en caso de riesgo de la vida o salud de la mujer o graves anomalías en el feto, siempre que, en este último caso, haya un dictamen emitido por dos médicos especialistas distintos a los que practican la intervención.
El conservador Partido Popular (PP, principal fuerza de la oposición) y el Gobierno de la región de Navarra (norte español) han pedido ante el TC la suspensión cautelar de ocho de sus artículos por entender que el "aborto libre" es contrario al derecho a la vida, garantizado por el artículo 15 de la Carta Magna.
Asimismo, asociaciones de médicos y discapacitados presentaron hoy un recurso de amparo ante el Alto Tribunal, con el argumento de que la nueva legislación establece una diferencia "jurídicamente insostenible" sobre lo que es un feto sano y otro enfermo o inferior, a cuya vida se puede poner fin en el seno materno.
En la ley, "no hay ninguna preocupación ni por la mujer ni por la vida gestante. Hay una única preocupación, que es el lucro económico de las clínicas, que han sido quienes han movido esta ley", dijo el presidente del Centro Jurídico Tomás Moro (CJTM), Javier María Pérez Roldán, tras registrar el recurso de amparo.
Ante esa reacción, el presidente del Gobierno español, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, afirmó hoy que los recursos interpuestos contra la ley no crean ninguna "inseguridad jurídica", y se mostró convencido de la constitucionalidad de la norma.
Zapatero subrayó que se trata de una ley de "prevención", porque evitará embarazos no deseados, y de "seguridad", porque da más garantías a las mujeres y a los profesionales ante una interrupción voluntaria del embarazo.
Por contra, el presidente de la región de Murcia (sur), Ramón Luis Valcárcel (PP), remarcó hoy que "no hay razones para acatar" la ley, puesto que la norma "todavía no está en su punto final".
En ese sentido, la portavoz de Política Social del PP, Sandra Moneo, consideró "muy urgente" la paralización de la ley, ya que las consecuencias de su aplicación son "irreversibles", especialmente por suponer la implantación del "aborto libre" y porque desde hoy "las menores podrán abortar sin el consentimiento de sus padres".
Con la nueva ley, se podrá abortar hasta la semana 22 en caso de riesgo para la salud física o psíquica de la mujer y también por enfermedad grave o malformaciones del feto.
Si se descubren anomalías incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable del bebé, no hay límite de tiempo para actuar, contando con la opinión de un comité clínico.
El punto más polémico de la ley es situar la mayoría de edad para abortar en los 16 años, y el que las menores no tengan que informar a sus padres si alegan que pueden ser coaccionadas o sufrir violencia familiar.
Conocida esa situación, será el médico de una clínica privada -sólo el 3 por ciento de los abortos en España se practican en la Sanidad pública- quien decidirá actuar sin contar con los padres, apoyado -si quiere- por un psicólogo o un trabajador social.
Si las menores ven factible informar a sus tutores legales, tendrán que acudir acompañadas al centro por uno de ellos.
El presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), Juan José Rodríguez Sendín, declaró hoy que, aunque el médico es el "mejor posicionado en la sociedad" para saber si una menor debe o no abortar, darle esa responsabilidad es "pedirle demasiado".
EFE
Interrumpir el embarazo voluntariamente dejará de ser un delito despenalizado en algunos supuestos para convertirse en un derecho, justo cuando se cumplen 25 años de la aprobación de la primera normativa, en 1985, que ha permitido abortar a 1,3 millones de mujeres en España.
La nueva norma, que ha generado una fuerte oposición de los sectores conservadores y de la Iglesia Católica, establece el aborto libre hasta la semana 14, y hasta la 22 en caso de riesgo de la vida o salud de la mujer o graves anomalías en el feto, siempre que, en este último caso, haya un dictamen emitido por dos médicos especialistas distintos a los que practican la intervención.
El conservador Partido Popular (PP, principal fuerza de la oposición) y el Gobierno de la región de Navarra (norte español) han pedido ante el TC la suspensión cautelar de ocho de sus artículos por entender que el "aborto libre" es contrario al derecho a la vida, garantizado por el artículo 15 de la Carta Magna.
Asimismo, asociaciones de médicos y discapacitados presentaron hoy un recurso de amparo ante el Alto Tribunal, con el argumento de que la nueva legislación establece una diferencia "jurídicamente insostenible" sobre lo que es un feto sano y otro enfermo o inferior, a cuya vida se puede poner fin en el seno materno.
En la ley, "no hay ninguna preocupación ni por la mujer ni por la vida gestante. Hay una única preocupación, que es el lucro económico de las clínicas, que han sido quienes han movido esta ley", dijo el presidente del Centro Jurídico Tomás Moro (CJTM), Javier María Pérez Roldán, tras registrar el recurso de amparo.
Ante esa reacción, el presidente del Gobierno español, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, afirmó hoy que los recursos interpuestos contra la ley no crean ninguna "inseguridad jurídica", y se mostró convencido de la constitucionalidad de la norma.
Zapatero subrayó que se trata de una ley de "prevención", porque evitará embarazos no deseados, y de "seguridad", porque da más garantías a las mujeres y a los profesionales ante una interrupción voluntaria del embarazo.
Por contra, el presidente de la región de Murcia (sur), Ramón Luis Valcárcel (PP), remarcó hoy que "no hay razones para acatar" la ley, puesto que la norma "todavía no está en su punto final".
En ese sentido, la portavoz de Política Social del PP, Sandra Moneo, consideró "muy urgente" la paralización de la ley, ya que las consecuencias de su aplicación son "irreversibles", especialmente por suponer la implantación del "aborto libre" y porque desde hoy "las menores podrán abortar sin el consentimiento de sus padres".
Con la nueva ley, se podrá abortar hasta la semana 22 en caso de riesgo para la salud física o psíquica de la mujer y también por enfermedad grave o malformaciones del feto.
Si se descubren anomalías incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable del bebé, no hay límite de tiempo para actuar, contando con la opinión de un comité clínico.
El punto más polémico de la ley es situar la mayoría de edad para abortar en los 16 años, y el que las menores no tengan que informar a sus padres si alegan que pueden ser coaccionadas o sufrir violencia familiar.
Conocida esa situación, será el médico de una clínica privada -sólo el 3 por ciento de los abortos en España se practican en la Sanidad pública- quien decidirá actuar sin contar con los padres, apoyado -si quiere- por un psicólogo o un trabajador social.
Si las menores ven factible informar a sus tutores legales, tendrán que acudir acompañadas al centro por uno de ellos.
El presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), Juan José Rodríguez Sendín, declaró hoy que, aunque el médico es el "mejor posicionado en la sociedad" para saber si una menor debe o no abortar, darle esa responsabilidad es "pedirle demasiado".
EFE
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