El destituido presidente hondureño, Manuel Zelaya, detenido y expulsado de su país por los militares, aplazó hasta el fin de semana su regreso a Honduras para recuperar el poder y aseguró en Panamá que aún no se puede ir de este país.

"Hoy no me puedo ir de Panamá", dijo Zelaya en declaraciones a los periodistas junto al centro de convenciones ATLAPA, donde hoy tuvo lugar la toma de posesión del empresario Ricardo Martinelli como nuevo presidente panameño, en reemplazo de Martín Torrijos.

En un principio, el depuesto gobernante hondureño había dicho que volvería a su país mañana, jueves.

Pero hoy aseguró en Panamá, que para acudir a su país con el fin de forzar su restitución en el cargo esperará el plazo de 72 horas solicitado por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), que se reunió el martes en sesión extraordinaria.

"A partir de hoy, primero de julio, la OEA, unánimemente con todos los países de América, ha pedido que se les den 72 horas para restituirme en el cargo", aseguró el gobernante, a quien las nuevas autoridades de Honduras, con el nuevo presidente Roberto Micheletti al frente, anunciaron que lo detendrán si regresa al país.

Desde que fue destituido, Zelaya ha mantenido un maratón de comparecencias ante foros como el Sistema de Integración Centroamericana (SICA), el Grupo de Río, la Alianza Bolivariana de las Américas (ALBA), las Naciones Unidas y la OEA, en todos los cuales, la comunidad internacional le ha expresado su apoyo.

"El mundo entero se ha manifestado en rechazo, repudio, condena a este acto en contra de la voluntad soberana del pueblo", declaró Zelaya a los periodistas que lo seguían en avalancha desde el cetro de convenciones ATLAPA a su hotel, situado a cincuenta metros.

A lo que no quiso responder el gobernante es cuánto tiempo permanecerá en Panamá, o qué estrategia tiene ante las amenazas de las nuevas autoridades hondureñas de detenerlo a su regreso.

Zelaya es acusado en Honduras de abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios y traición a la patria, entre otros delitos, por los que podría ser condenado a 20 años de cárcel, según el fiscal general hondureño, Luis Rubí.

Estas acusaciones surgen de la consulta popular que Zelaya había convocado para el pasado domingo para que los hondureños se pronunciaran sobre la posibilidad de reformar la Constitución, lo que algunos sectores interpretaron como una estrategia para perpetuarse en el poder y fue origen de su detención y expulsión.

Texto y foto: EFE