Escándalo en España: audio filtrado revela que gestor de hospital pedía rechazar pacientes para aumentar ganancias

Hospital Universitario de Torrejón
Hospital Universitario de Torrejón | Fuente: Maps

La filtración, publicada por El País de España, ha provocado la reacción inmediata del Gobierno Central, la apertura de investigaciones y el apartamiento temporal del directivo.

Una grabación de una reunión celebrada el 25 de septiembre, a la que ha tenido acceso en exclusiva el diario El País de España y cuya autenticidad ha sido confirmada por una persona presente, revela que el consejero delegado del grupo Ribera Salud, Pablo Gallart, instó a una veintena de mandos a revertir la reducción de listas de espera lograda en 2022 y 2023 para mejorar la cuenta de resultados del Hospital Universitario de Torrejón, un centro público gestionado bajo concesión privada desde 2011.

En la reunión, Gallart fue explícito al solicitar “desandemos el camino” respecto a la reducción de listas de espera.

“En Torrejón en el año 22 y 23 decidimos como organización hacer un esfuerzo para bajar la lista de espera. Lo único que pido es: desandemos el camino”, afirmó el directivo, según la grabación.

También pidió identificar procesos no rentables: “seguro que sois capaces de identificar qué procesos no son contributivos para el EBITDA (beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) de la sociedad y qué procesos sí lo son, y qué actividad nos interesa más hacer”. 

Entre los ejemplos citados, rechazar actividad “no cápita” (pacientes que eligen el hospital fuera de su zona) que incluya alto gasto farmacéutico o tratamientos como la diálisis peritoneal.

Gallart justificó la medida alegando que el hospital pierde nueve millones de euros anuales en amortizaciones y que la tarifa per cápita pagada por la Comunidad de Madrid resulta insuficiente.

Ribera Salud anuncia apartamiento del CEO

Horas después de la publicación, el grupo Ribera Salud anunció que Pablo Gallart se desvincula temporalmente de la gestión del Hospital de Torrejón mientras se realiza una auditoría interna “en profundidad” para verificar que no se ha producido “ningún incumplimiento de los estándares de calidad en la atención a los pacientes, de la ética profesional, ni de la ley”.

En el comunicado, la empresa insistió en que “la prioridad absoluta del grupo y su máximo accionista Vivalto Santé son y seguirán siendo sus pacientes”.

Reacciones políticas y supervisión de la Comunidad de Madrid

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reaccionó en la red social X: "Este es el modelo del PP: hacer de la salud un negocio y de la enfermedad una oportunidad para enriquecerse. [...] Más listas de espera, más rentabilidad, más injusticias. No lo vamos a permitir".

La ministra de Sanidad, Mónica García, anunció que su departamento investigará "a fondo" el caso y denunció que en Madrid existe "un mecanismo por el cual se está engrosando la cuenta de resultados de las empresas privadas".

Por su parte, la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid aseguró no tener conocimiento previo de estas instrucciones y convocó una reunión urgente con la cúpula de Ribera Salud. Además, envió un equipo al hospital para supervisar la prestación del servicio y, tras el apartamiento de Gallart, solicitó un nuevo encuentro con el máximo responsable de la compañía.

¿Qué es el modelo de concesión del Hospital de Torrejón?

El Hospital Universitario de Torrejón opera bajo el modelo Alzira, creado por el propio grupo Ribera en Valencia a finales de los 90 e implantado en Madrid durante el gobierno de Esperanza Aguirre.

La empresa construye y gestiona el centro durante 30 años a cambio de un canon per cápita fijo por habitante asignado, independientemente de la actividad realizada. Esto diferencia el sistema de otros conciertos donde se paga por procedimiento.

En julio de 2025, la Comunidad de Madrid inyectó 32,7 millones de euros adicionales al hospital para reequilibrar el contrato, que se suman a los 88 millones entregados desde que Isabel Díaz Ayuso es presidenta.

Críticas al modelo de gestión privada

El modelo de concesión administrativa ha recibido críticas recurrentes de partidos de izquierda por priorizar el beneficio empresarial sobre la atención sanitaria.

En 2018, la Generalitat Valenciana, bajo Ximo Puig, revertió la privatización del hospital de Alzira, dejando solo algunos centros bajo este esquema.

Fuentes internas de Ribera consultadas por El País se mostraron “escandalizadas” y afirmaron que este tipo de instrucciones “ponen en peligro la salud de los pacientes” y “van contra la deontología médica”.

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