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por Agencia EFE
·Más de 200 personas han sido rescatadas de seis residencias ilegales en distintas regiones de Bulgaria en los últimos días, poniendo sobre la mesa un problema recurrente que las autoridades no han abordado durante años.
La pobreza, la ausencia de control institucional y el envejecimiento de la población se han combinado en Bulgaria para crear una red de asilos ilegales, auténticas 'casas de los horrores', en los que los mayores sobreviven en medio del maltrato generalizado, el hambre y el abandono.
En las últimas semanas, más de 200 personas han sido rescatadas de seis residencias ilegales en distintas regiones del país, algo que ha conmocionado a la opinión pública y ha vuelto a poner sobre la mesa un problema crónico que las autoridades no han sabido o querido abordar durante años.
El caso más reciente ocurrió este martes en Varna, ciudad costera a orillas del mar Negro, donde 130 ancianos fueron liberados de tres instituciones sin licencia.
La mayoría de ellos sufría trastornos mentales, estaban desnutridos, habían estado atados a sus camas, sedados o bajo condiciones de violencia y maltrato cotidiano.
El sábado anterior, otras 75 personas fueron rescatadas en la aldea de Yagoda, en el centro del país. Y días antes, 23 ancianos fueron localizados en estado crítico en un asilo ilegal en Govedartsi, cerca de Sofía.
Estos casos forman parte de una campaña de inspecciones iniciada por el Ministerio de Política Laboral y Asuntos Sociales, cuyo titular, Borislav Gutsanov, reconoció que en muchos de estos centros, los legales, las autoridades no habían ingresado "desde hacía años".
No se trata de casos aislados. En 2023, una persona murió y otras tres resultaron heridas en un incendio en un asilo sin licencia en Bankya. En 2021, nueve ancianos murieron en el incendio de otro centro en Royak, también cerca de Varna.
En muchos de estos lugares las medidas de seguridad son también escasas.
En el barrio de Dragalevtsi, en Sofía, un hogar social ya clausurado llegó a ser conocido como "la casa de los horrores" tras múltiples denuncias de maltrato extremo. Testigos relataron que algunas internas se aferraban a las vallas del centro y pedían ayuda a gritos.
"La falta de empatía, la violencia y los golpes, la mala alimentación y los robos son las quejas más comunes en los hogares de ancianos y los hospicios", explicó a EFE una fuente de la policía de Varna.
Algunas de estas residencias ofrecen atención permanente a cambio de que los mayores cedan sus propiedades, conservando solo el derecho de uso mientras estén vivos, agrega esa fuente.
El contexto demográfico agrava el problema. La población de Bulgaria, un país de 6,5 millones de habitantes, tiene una edad media de 47 años y un 25 % de su población supera los 65.
Además, existe una gran emigración, por lo que muchos ancianos se encuentran solos, sin familia cercana que pueda atenderlos, ya sea porque viva lejos o porque carece de ella.
Con apenas 81 centros públicos para la tercera edad con capacidad para menos de 4.000 personas, la gran demanda ha sido absorbida por centros privados —legales o no—, muchos de los cuales operan sin ningún tipo de supervisión ni personal especializado.
La precariedad económica -Bulgaria es el país más pobre de la Unión Europea y un tercio de su población está en peligro de caer en la pobreza y la exclusión social- empuja a muchas familias a dejar a sus mayores en estos lugares.
"No todos pueden ofrecer cuidados las 24 horas, y contratar a un cuidador privado es casi imposible. En Bulgaria, pagar mil euros mensuales por ese servicio es un lujo que pocos pueden permitirse", explica a EFE Vladimir Marguitin, exfuncionario del Ministerio de Asuntos Sociales.
Además, "no todos tienen las condiciones adecuadas en su hogar, especialmente cuando la persona está inmóvil, tiene demencia progresiva u otra enfermedad gravemente debilitante", señala el experto.
En un país donde el salario mínimo ronda los 500 euros y el sueldo medio apenas supera los 1.000, los 440 euros que cobraba el centro de Yagoda parecían razonables, pese a que era ilegal.
Pero la pregunta más urgente es por qué las autoridades no actuaron antes, el centro de Yagoda estuvo abierto durante siete años sin licencia, camuflado legalmente como una "casa turística".
"El problema es sistémico, y los inspectores también trabajan bajo condiciones precarias, cobrando sueldos mínimos", señala Marguitin.
El ministro Gutsanov ha prometido "llegar hasta el fondo del problema", aunque son muchos los que ponen en duda si de verdad existe voluntad política de atajar el problema.
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