La norma se aprueba en un contexto de escalada de violencia contra defensores ambientales en los países pobres.
El Parlamento francés aprobó la “Ley del Deber de Vigilancia” que sitúa a París a la vanguardia de la defensa de los derechos humanos frente a las empresas multinacionales.
La propuesta de ley llamaba a las grandes compañías del país europeo a actuar de forma responsable, o de manera más específica, a adoptar planes de vigilancia sobre el respeto a los derechos humanos a lo largo de todas sus cadenas productivas, incluyendo subsidiarias y proveedores, dentro y fuera de Francia.
Las sanciones. En caso de que las corporaciones no cumplan con estas obligaciones, la ley permite a las víctimas y otras partes interesadas denunciar el hecho ante la justicia. Los jueces podrán imponer multas de hasta 10 millones de euros si las empresas no publican sus planes de vigilancia y de hasta 30 millones de euros si esta ausencia produce daños que podrían haberse evitado.
Destacan norma. La norma se aprueba en un contexto de escalada de violencia contra defensores ambientales en países del sur, por oponerse a los proyectos de compañías extranjeras en sus territorios. La ONG Amigos de la Tierra aplaudió la decisión de la cámara francesa, pero advierte sobre la “insuficiencia de la ley, puesto que no se dispone de una ayuda para las víctimas con el fin de denunciar los atropellos en las negociaciones”.
“Año a año las estadísticas de ecologistas y miembros de comunidades locales que son asesinados crece, cuando se oponen a proyectos que destruyen el medio ambiente, y que por regla son proyectados por multinacionales extranjeras”, señala Alejandro González, coordinador del organismo no gubernamental. “Aunque reclamamos la adopción de un instrumento legal internacional para frenar esta masacre, las acciones que se hagan desde los países desde los que parte el daño humano y ambiental pueden limitar mucho lo que las empresas hacen o dejan de hacer”.
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