En los últimos días se han detectado casos en al menos seis ciudades de Grecia de médicos y otros profesionales hospitalarios que han presentado certificados falsos con el objetivo de evitar ser suspendidos de empleo y sueldo.
La vacunación obligatoria contra la COVID-19 del personal sanitario, vigente desde el pasado día 1, está haciendo proliferar en Grecia los casos de presentación de certificados de vacunación y enfermedad falsos, así como otro tipo de engaños para eludir la suspensión laboral a la que se enfrentan los que se niegan a inmunizarse.
Ante la multitud de casos que están saliendo a la luz - por ahora sin cifras concretas - el Parlamento ha aprobado una enmienda legal que sanciona con hasta 5.000 euros a quien cometa este tipo de fraude.
En los últimos días se han detectado casos en al menos seis ciudades en Grecia de médicos y otros profesionales hospitalarios que han presentado certificados falsos con el objetivo de evitar ser suspendidos de empleo y sueldo, como prevé la ley.
Además de la falsificación de certificados, se ha detectado una nueva variante de fraude: según revela hoy el diario Kathimerini, una médico en la ciudad de Patras presentó como suya una prueba de sangre de una paciente que había dado positiva de coronavirus, para así evitar tener que ser vacunada.
Casos de certificados
La vicepresidenta de la Asociación Médica Panhelénica, Anna Mastoraku, señaló en declaraciones a los medios que ha sabido de decenas de llamadas telefónicas de médicos dispuestos a pagar por un certificado de enfermedad o vacunación.
La Policía ha iniciado controles en varios centros de salud y el ministro de Sanidad, Thanos Plevrís, recalcó hoy en su cuenta de twitter que este tipo de certificados "suponen una amenaza para la salud pública" que no quedarán sin castigo.
La semana pasada, nada más entrar en vigor la nueva ley, 7 000 de los 10 000 médicos y personal sanitario que no se había vacunado con la pauta completa a tiempo, recibieron cartas de suspensión laboral.
Los hospitales que acepten personal no vacunado se enfrentan a multas de hasta 50 000 euros por persona, y de hasta 200 000 euros en caso de reincidencia. La ley preveía que para poder regresar al trabajo la persona afectada debía administrarse las dos vacunas contra la COVID-19 y dejar pasar al menos 14 días. Además, perdía el derecho a volver a su puesto original.
Finalmente, el ministro de Sanidad suavizó algo el método de sanción y permitió que el personal que se ponga una primera dosis regrese inmediatamente al trabajo, siempre y cuando se comprometa a un segundo pinchazo.
EFE
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