La Fiscalía confirmó que los restos humanos calcinados hallados en una zona agreste corresponden a los menores que desaparecieron el pasado 8 de diciembre, tras ser intervenidos por una patrulla militar en Guayaquil.
La Fiscalía de Ecuador informó este martes que, tras realizarse las pericias de genética forense a cuatro cadáveres hallados en una zona agreste de Taura, en la provincia de Guayas, se determinó que corresponden a los menores que desaparecieron el pasado 8 de diciembre, tras ser intervenidos por una patrulla militar.
A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, la entidad de justicia señaló que dichas pericias "confirman que los 4 cuerpos encontrados en Taura corresponden a los 3 adolescentes y un niño desaparecidos tras un operativo militar, el pasado 8 de diciembre".
Cabe resaltar que, minutos antes, la Fiscalía de Ecuador anunció que hoy, durante la audiencia por el denominado caso Malvinas, había formulado cargos por desaparición forzada contra los 16 militares implicados, por lo que solicitó su prisión preventiva.
El pedido fue acogido por el juez Dennis Ugalde, luego de que el fiscal Christian Fárez, de la Unidad de Uso Ilegítimo de la Fuerza, presentara “elementos de convicción recabados contra los involucrados”.
Un caso que conmociona a la sociedad ecuatoriana
La noche del domingo 8 de diciembre, después de que los hermanos Ismael y Josué Arroyo, de 15 y 14 años, y sus amigos Saúl Arboleda, de 15, y Steven Medina, de 11, salieron a jugar fútbol en el barrio Las Malvinas, en el sur de Guayaquil, una patrulla militar los aprehendió cuando estaban caminando cerca de un centro comercial y se los llevaron hacia Taura, donde se ubica una de las principales bases de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE). Desde esa noche, los menores desaparecieron.
Días después, cuatro cadáveres calcinados fueron hallados en una zona agreste de Taura, cantón Naranjal, en la provincia de Guayas. Según las primeras investigaciones reveladas por la prensa local, los cuerpos fueron encontrados en un sector de difícil acceso, al que solo se puede llegar en bote.
El 24 de diciembre, una jueza determinó que esta desaparición debía ser investigada como "forzada" y con "responsabilidad del Estado", tras aceptar el habeas corpus interpuesto por las familias de los menores, y afirmó que durante la audiencia se presentaron elementos que hacen presumir que los 16 militares implicados "no cumplieron con los protocolos establecidos para estos casos".
Por su parte, los abogados del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Armadas pidieron a la magistrada que no dé paso al habeas corpus, debido a que los niños no se encuentran en manos del Estado y que su desaparición, según ellos, "no se dio en un contexto de custodia estatal ni de las Fuerzas Armadas".
"Ellos fueron trasladados hasta las inmediaciones de la base de Taura, [pero] no existen indicios con los que se pueda determinar que los niños fueron ingresados a una unidad militar", dijo el capitán Leonardo Alvear, abogado del Ministerio de Defensa.
"Los niños fueron liberados por parte del personal militar", agregó.
Además, señalaron que la aprehensión de los menores se dio porque la patrulla militar fue alertada de que, "aparentemente, habían cometido algún tipo de acto contrario a la ley".
Sin embargo, el fiscal Fárez señaló que en el proceso judicial que él investiga no existe ningún elemento que indique algún "acto ilícito que hayan cometido los niños".
"No existe un parte policial que justifique, no existe un testigo ni una versión de nadie que el día de los hechos haya realizado ningún acto presuntamente ilícito. Es importante limpiar el nombre y evitar que en la carga mediática se pretenda desviar la atención presentándolos como presuntos delincuentes", agregó Fárez.
Señaló que los militares debieron haber avisado al sistema Ecu 911 del hecho y haber puesto a los niños en manos de la unidad especial de la Policía. Ese "procedimiento es obligatorio", mencionó.
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