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Dilma Rousseff a Cámara de diputados: "Quien me juzga es corrupto"

Dilma Rousseff volvió a calificar el proceso de
Dilma Rousseff volvió a calificar el proceso de "golpe" al considerar que ella nunca cometió un "delito". | Fuente: EFE

La presidenta se refirió al presidente de la asamblea, Eduardo Cunha, quien aceptó a trámite el juicio político con miras a su destitución.

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La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, aseguró este martes que "quien la juzga" es "corrupto", mientras que contra ella no pesa "ninguna" acusación por haber recibido dinero procedente de corrupción.

"Ellos son acusados, yo no tengo acusación. Lo más extraño es que quien me juzga es corrupto", afirmó Rousseff en alusión a algunos legisladores, durante un acto celebrado en Salvador, capital del estado de Bahía (nordeste).

La presidenta se refirió concretamente al presidente de la Cámara de los Diputados, Eduardo Cunha, adversario político de Rousseff y quien fue el encargado de aceptar a trámite el juicio político con miras a la destitución de la jefa de Estado.

"Todo el mundo sabe que tiene cuentas en el exterior y que está acusado por el Ministerio Público (Fiscalía)", señaló, mientras que los presentes coreaban "Fora Cunha" (Fuera Cunha).

Eduardo Cunha, presidente de la Cámara Baja del Congreso, ha sido acusado por Rousseff de tentar un golpe de Estado.
Eduardo Cunha, presidente de la Cámara Baja del Congreso, ha sido acusado por Rousseff de tentar un golpe de Estado. | Fuente: AFP

La presidenta aseguró que está siendo acusada por practicar unas "maniobras" cometidas desde 1994 por todos los Gobiernos que la precedieron y subrayó que eso demuestra que en Brasil "hay dos pesos y dos medidas".

Según comprobó el Tribunal de Cuentas, el Gobierno atrasó en 2014 y 2015 el envío de recursos a los estatales Banco do Brasil, Caixa Económica Federal y Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), cantidades que supuestamente fueron utilizadas para pagar programas sociales en un año electoral.

En la práctica, según el tribunal, esas instituciones realizaron préstamos al Estado, lo que está prohibido por la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF) y, según la oposición, constituye un "crimen de responsabilidades", una de los delitos contemplados en la Constitución para la apertura de un juicio político.

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