14% de las muertes maternas son de menores de 19 años

Según el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), solo en el 2016, se identificaron 1702 casos de madres menores de 15 años. El 70% de los padres de estos embarazos tenían entre 18 y 29 años. Estos casos son considerados embarazos producto de violaciones sexuales.

Entre el 2014 y 2017, el promedio de muertes maternas en menores de 19 años constituyó el 13.8% del total, indica el Ministerio de Salud (Minsa). Asimismo, un reporte del Seguro Integral de Salud (SIS) señala que las niñas entre diez y catorce años tienen cuatro veces más riesgo de morir durante el parto que una mujer adulta.

“Si son menores de catorce años van a  tener muchos más problemas: más cesáreas, amenazas de aborto, hipertensión, hemorragias..Hay muchas más patologías porque los cuerpos de esas niñas no están preparados. Ellas están para jugar, no para tener un bebé”, explica Lucy del Carpio, directora de Salud Sexual y Reproductiva en el Minsa.

Las principales causas de muertes maternas en niñas y adolescentes son hipertensión, aborto y suicidio, señala el Ministerio de Salud.

El embarazo precoz no solo trae consecuencias en la salud de las víctimas; sino en su desarrollo social y crecimiento económico. El Ministerio de Educación señaló que ocho de cada diez niñas y adolescentes embarazadas abandonan la escuela.

“Una niña que se convierte en mamá muy temprano, difícilmente puede mantenerse en la escuela. Rápidamente deserta en el sistema educativo  y, lo que es más grave, tampoco puede emplearse porque tiene una responsabilidad de madre temprana que no le permite desarrollar actividades de unos a otros”, explica Alberto Rodríguez, director del Banco Mundial en América Latina y El Caribe.

Asimismo, señala que esta desertación escolar, como resultado del embarazo no deseado, genera un costo social y económico para el país.

“Probablemente en esas circunstancias, esa niña y su pequeño núcleo familiar caerá en la línea de pobreza. Y ante esta situación, el Estado está en la obligación de cubrir algunos de los gastos de la vida diaria de esa persona”, apuntó.

La lucha contra el embarazo adolescente debe ser una de las prioridades del Estado, pues es un problema de salud pública y prolonga la desigualdad entre hombres y mujeres en la vida adulta.