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por Redacción RPP
·El gremio mostró su preocupación por la medida del Ejecutivo, debido a que, tras nueve años de vigencia de este instrumento, "solo el 2.31 % de los inscritos culminaron el proceso de formalización".
El Colegio de Abogados de Lima (CAL) advirtió este domingo que la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) “favorece la expansión de la criminalidad vinculada a la minería informal”.
A través del Decreto Supremo N.º 012-2025-EM, publicado en el boletín de normas legales del diario oficial El Peruano, el Gobierno de Dina Boluarte oficializó la prórroga “por única vez” del plazo del Reinfo hasta el 31 de diciembre de 2025.
En un comunicado, el gremio expresó su preocupación por esta medida del Ejecutivo, debido a que, tras nueve años de vigencia de este instrumento —que permite las actividades de los mineros en situación irregular en el país—, "solo el 2.31 % de los inscritos culminaron el proceso de formalización".
"El sector minero debe ser altamente fiscalizado"
El CAL recordó que, en un expediente, el Tribunal Constitucional (TC) concluyó que el Reinfo ha demostrado ser ineficaz en el proceso de formalización; que "no resulta constitucionalmente amparable que se regule un marco de exención penal, referido a los delitos ambientales, en ningún proceso de formalización minera, ni en ninguna prórroga del régimen transitorio, ni en ninguna política pública que regule dicha actividad"; y, por último, que los avances en la formalización de la Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE) han sido limitados.
Para el Colegio de Abogados de Lima, resulta importante que el Legislativo, el Ejecutivo y la sociedad civil puedan consensuar un marco normativo que viabilice el proceso de formalización de la minería a pequeña escala, sin que ello implique exenciones de responsabilidad penal.
"Todo el sector minero (pequeño, mediano y grande) debe ser altamente fiscalizado, especialmente por el uso de mercurio, explosivos y armas. El primero, porque viene causando un daño irreparable a la salud, las aguas y las tierras de nuestro país; y los siguientes, porque llegan a manos de la criminalidad, incrementando la violencia en contra de la ciudadanía y, como ocurrió en el caso de la explosión en la sede del Ministerio Público de Trujillo el pasado 20 de enero, ponen en grave riesgo la vida e integridad de nuestra policía y funcionarios públicos", indicó.
El gremio añadió que parte de la solución frente a la criminalidad es brindar herramientas adecuadas de fiscalización en el uso de explosivos y en las plantas procesadoras de minerales, para coadyuvar a reducir el impacto negativo de la minería ilegal, la cual constituye el brazo financiero de bandas y organizaciones criminales.
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