La responsable de la DRELM señaló que las medidas correctivas deben ser reparadoras y respetuosas. | Fuente: Congreso

Tras la viralización de los hechos ocurridos en el aula del colegio Dora Mayer, en Callao, muchas personas se mostraron en contra que no esté permitido suspender ni expulsar a los alumnos que le falten el respeto a sus maestros.

“La expulsión o separación definitiva de la escuela de un alumno con conducta inapropiada no es una solución del problema porque no permite a los estudiantes reflexionar sobre su comportamiento y tomar acciones concretas para reparar el daño causado”, afirmó Killa Miranda, responsable de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) a través de un comunicado de prensa.

Asimismo, dijo que la labor de la escuela está centrada en brindar soporte pedagógico y apoyo para que el estudiante logre regular su propio comportamiento. “Separarlo definitivamente no aporta a este objetivo educativo”, añadió.

Caso del colegio Dora Mayer

Sobre el maltrato que recibió la profesora por parte de varios alumnos del colegio Dora Mayer, la funcionaria dijo que las medidas correctivas deben ser reparadoras y efectivas, respetuosas de la integridad física, psíquica y moral de los estudiantes y de los derechos de los niños y adolescentes.

“El artículo 17 de la Ley N° 27337, que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas, prohíbe que las medidas correctivas constituyan actos de violencia, trato cruel, inhumano o degradante, incluidos los castigos físicos y humillantes, así como cualquier otra sanción que pueda poner en peligro la salud y el desarrollo integral de los estudiantes”, expuso Miranda.

También señaló que estas deben permitir que los estudiantes puedan reflexionar y aprender de la experiencia vivida, para lo cual es necesario contar con la participación de los padres de familia. Para prevenir este tipo de incidentes se debe detectar a los estudiantes con problemas de comportamiento y planificar intervenciones adecuadas, agregó.

Se está implementando una estrategia de equipos itinerantes conformados por psicólogos, docentes y trabajadores sociales, que brindan asistencia técnica en promoción de la convivencia y prevención de la violencia en 884 instituciones educativas a nivel nacional.

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