En Ampliación de Noticias, el abogado del IDL cuestionó también que el tema se haya debatido en el Congreso en vez de una instancia judicial.
Carlos Rivera, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), rechazó que la Comisión Permanente del Congreso aprobara, en segunda votación, el dictamen del proyecto de ley que concede amnistía a los miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional (PNP) y los comités de autodefensa que participaron en la lucha contra el terrorismo entre los años 1980 y 2000.
En el programa Ampliación de Noticias, Rivera señaló que esta normativa no solamente está fuera del marco constitucional, sino también es “contraria” al derecho internacional y a los tratados de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los cuales fueron suscritos por el Perú.
El letrado criticó que un asunto, que debería haber sido discutido en una instancia judicial, haya sido abordado por los congresistas en un foro político. Así, consideró que la norma es “arbitraria” e interrumpe el juzgamiento de investigados por presuntas violaciones a los derechos humanos.
“No puede ser posible que, ante un asunto que debería ser resuelto en una instancia judicial; es decir, como consecuencia de un debate en el Poder Judicial, sean los políticos los que deciden interrumpir el juzgamiento”, apuntó.
Para el abogado de IDL, en el Congreso existe una serie de paquetes normativos que plantean una “agenda contraria” a los derechos humanos, bajo la premisa de “persecución” contra los militares que participaron en la lucha contra el terrorismo.
“Ellos [congresistas] entienden como una suerte de la existencia de lo que denominan una persecución contra los militares, cuando en realidad lo que se ha llevado a cabo en el Perú es una acción de la justicia”, declaró.
Abogado de IDL estima que Daniel Urresti no podrá acogerse a la amnistía
Asimismo, Carlos Rivera se refirió a la posibilidad de que el exministro del Interior, Daniel Urresti, quien fue condenado a doce años de prisión por el asesinato del periodista Hugo Bustíos, sea absuelto del proceso en amparo de la norma.
Al respecto, respondió que el también excandidato presidencial no se vería beneficiado, dado que la edad para acceder al beneficio de amnistía es a partir de los 70 años y él tiene 68.
“Pero sería de las muy pocas personas comprendidos o procesados o condenados por crímenes contra los derechos humanos que no serían favorecidos en este momento por la ley”, aseveró.
Finalmente, el integrante de IDL refirió que la aprobación de la normativa y una eventual promulgación por parte del Poder Ejecutivo no implican que los procesados se acojan automáticamente a la amnistía, puesto que cada caso deberá ser evaluado por el sistema de administración de justicia.
“Tengo la impresión de que las decisiones que se han estado emitiendo en los últimos 20 años en materia de derechos humanos van a terminar consolidando una negativa del sistema de justicia a otorgar este tipo de amnistías, justamente por la interpretación, de acuerdo con el derecho internacional, de que los crímenes de lesa humanidad… son actos sobre los cuales no puede otorgarse este tipo de beneficios, porque vulneran obligaciones internacionales”, finiquitó.