El Juzgado de Paz Letrado e Investigación Preparatoria de Río Santiago ordenó la misma medida contra otros seis ciudadanos, de los cuales cinco son de nacionalidad ecuatoriana.
El Juzgado de Paz Letrado e Investigación Preparatoria de Río Santiago (región Amazonas) dictó siete días de detención preliminar contra tres policías por la presunta comisión del delito de minería ilegal en agravio del Estado.
Se trata de Alex Iván Maco Vilcherrez, Issac Rosillo Palacios y Richard Armando Rengifo Pérez, quienes fueron retenidos el 18 de abril por la comunidad de Villa Gonzalo cuando, aparentemente, protegían botes de mineros ilegales en el río Santiago (provincia de Condorcanqui). Según el Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís (GTANW), los agentes policiales, al ser descubiertos, arrojaron sus armas al agua.
El juez Karen Mercedes Huamán Culqui ordenó la misma medida para Eduardo Vega Abarca (Ecuador), Wilman Ramos Papa (Ecuador), Edgar Robles Guevara (Ecuador), Brandon Flores Silvera (Ecuador), Milton Flores Dávalos (Ecuador) y Abraham Rosillo Abad (Perú).
El domingo último, La República reportó que una delegación del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís llegó a la capital para solicitar al Ejecutivo que los apoye a desalojar a los mineros ilegales que operan en la cuenca del Santiago.
"Venimos acá, ante las altas autoridades, para hacerles presente que si el Gobierno, a través de sus funcionarios encargados, no interviene, puede haber otro 'baguazo'. Estamos tensos. Si ellos no hacen nada, va a pasar algo peor que el 'baguazo', porque si entramos en conflicto esas gentes extrañas no podrán regresar y si regresan serán cadáver. Ese es el peligro, podemos entrar en ese nivel”, dijo Andrés Noningo, consejero del Gobierno wampís.
Llegaron a un acuerdo
El miércoles 23 de abril en la comunidad de Villa Gonzalo, autoridades del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís y la Comisión de Alto Nivel del Estado Peruano alcanzaron una serie de acuerdos, entre los que destacan el desarrollo de un plan de interdicción para la minería ilegal en la provincia de Condorcanqui, el reconocimiento del grupo de control socioambiental Charip como un comité de autodefensa, así como la creación de un grupo de trabajo multisectorial para impulsar proyectos económicos productivos amigables con la naturaleza.
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