v | Fuente: Andina

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El veterano botánico británico David Bellamy ha reiterado en una serie difundida por Netflix que si “después de una catástrofe planetaria tuviera que escoger un país para reconstruir el mundo, escogería sin duda el Perú”. La variedad de nuestros recursos naturales, de nuestra geografía y de nuestra población constituyen a los ojos del carismático científico londinense la garantía de poder recuperar los logros del largo proceso vivido por la humanidad desde que comenzó a vivir en ciudades, a dominar la agricultura y preferir los acuerdos en vez de la guerra.

Desde luego, no necesitamos que nos hagan explicaciones desde fuera para saber lo que tenemos, ni para amar nuestro país. Pero sí nos cuesta trabajo identificar lo que nos hace falta para aprovechar la riqueza que nos ofrece la naturaleza. Hipólito Unanue lo sugirió en un libro precursor dedicado en 1806 al clima de Lima, que ha sido oportunamente republicado por el Fondo Editorial del Congreso: organización, decencia, respeto a la ley.

Todos los esfuerzos de la acción pública y del compromiso ciudadano deben estar dirigidos a evitar lo que ya ha sucedido en otros momentos de nuestra historia: parálisis y desorden después de un período de crecimiento económico, del que no aprovechamos para crear instituciones robustas y generar consensos en torno a políticas públicas orientadas a la prosperidad y la igualdad.

Un símbolo podría ser la amenaza que vuelve a cernirse sobre la laguna de Huacachina, que estuvo a punto de seguir el triste destino de otras lagunas desaparecidas en las dunas de Ica. O las dificultades para usar el oleoducto que atraviesa la selva para llevar crudo a la refinería de Talara. O el transporte del cobre extraído en Las Bambas, el mayor proyecto de inversión de nuestra historia. O el lecho del río Tumbes colmatado por tierras bajadas de las montañas, sin que ninguna autoridad reaccionara con sentido de previsión. La lista es larga, pero remite siempre al trío fatal de nuestras taras públicas: falta de organización, de decencia y de respeto a la ley.

El costo de la violencia de género en el Perú

Lo que es malo para la moral ciudadana es también malo para la economía. La mejor prueba es un estudio presentado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. Llevado a cabo en Villa El Salvador, los especialistas del PNUD calcularon cuánto cuesta mitigar los daños causados por la violencia contra la mujer en un distrito en el que siete de cada diez mujeres se dicen víctimas de alguna forma de violencia.

El resultado no puede ser más aleccionador. Sumando los gastos médicos y los días laborables perdidos, el estudio del PNUD calcula que el gasto anual se eleva a 240 millones de soles, es decir más que toda la inversión del distrito en obras públicas. Esperemos que el estudio contribuya a convencer a los tecnócratas incapaces de asumir objetivos que no aumentan de manera automática el PBI: invertir en la prevención no sólo es lo que corresponde moralmente, sino que además permite ahorrar costos mayores.

Siendo este miércoles la víspera de un Pleno del Congreso consagrado exclusivamente a la situación de la mujer, importa recordar que la violencia obliga a vivir a más de la mitad de nuestra población bajo un clima de amenaza y discriminación.

Este martes, los congresistas de las comisiones de Justicia y Mujer se dignaron asistir a una sesión conjunta para fijar la Agenda del Pleno, después de haber impedido el quorum en varias oportunidades. También sesionó la Comisión de Ética. En ella Yonhy Lescano insistió en su torpe intento de presentar a la víctima como culpable y dijo de sí mismo que, en vez de acosador es el acosado.

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